La privatización de Cajastur fue un enorme atropello, lo peor que le ha ocurrido a Asturias en los últimos 25 o 30 años. Y no mereció ni una manifestación ni una pancarta del pueblo soberano
Un 17,7%, y bajando

Por José Antonio Rodríguez Canal.

Hasta 2014, desde 1946, Asturias tenía una caja de ahorros, la Caja de Ahorros de Asturias, Cajastur, institución financiera dependiente del Gobierno regional (en tanto que heredero de la extinta Diputación Provincial) y del Ayuntamiento de Gijón, sus fundadores.

En 2014 Cajastur desaparece como entidad de crédito y se convierte en una fundación bancaria, (gobernada por un patronato de singular composición representativa, vamos a dejarlo ahí, cuya actividad da la impresión de caracterizarse por la opacidad informativa) y es poseedora del 29,71% de la propiedad de un banco, Liberbank.Ahora, tras una ampliación de capital, la participación baja al 17,7%.

Esta es la realidad: hasta hace poco más de tres años, Asturias y Gijón disponían, en el ámbito de lo público, de un instrumento, la Caja de Ahorros de Asturias, que podían utilizar como dinamizador de la economía regional, complementado con la actuación omnipresente e hiperactiva de su obra social y cultural. Y ahora no lo tienen. Todo se ha reducido a la participación, de un 17,7%, y bajando, en el capital de un banco cuyo futuro puede desembocar en la absorción por algún gigante del ramo, lo que jibarizaría la relevancia de esa participación. En la práctica, con la pérdida de su caja de ahorros, Asturias ha sido víctima de una expropiación forzosa a precio de saldo, operación imputable a los gobiernos del PSOE y del PP, que se cargaron las cajas de ahorros so pretexto de que estaban en la ruina, mal administradas y eran causantes de la crisis financiera.

Ese diagnóstico podría ser correcto en el caso de Caja Madrid, donde se estableció la golfería y se pringaron todos los partidos políticos, todos, y los principales sindicatos. También estaba justificada la intervención por la situación de las cajas gallegas y otras, como la del Mediterráneo (con intento fallido de endosarla a Cajastur) y la de Castilla-La Mancha (con ésta, la operación de colocársela a la asturiana tuvo éxito) víctimas todas ellas de la gestión de delincuentes en sus órganos de gobierno. Pero no era el caso de entidades saneadas y bien llevadas, como la caja asturiana.

La legislación del PSOE de Zapatero y del PP de Rajoy, sin embargo, se la ventiló también, como a las demás, con la pasividad cómplice, silenciosa, de sus secuaces en Asturias y en Gijón. Quedaba así privatizada de hecho la entidad líder en depósitos en la región, apetitoso bocado para los tiburones del proceloso mar de las finanzas. Fue un enorme atropello, lo peor que le ha ocurrido a Asturias en los últimos 25 o 30 años. Y no mereció ni una manifestación ni una pancarta del pueblo soberano, en retrato fiel de lo que hay.

Para acabar con el sistema de cajas de ahorros, en analogía con el caso de la privatización de empresas públicas, iniciada por Felipe González y culminada con entusiasmo por Aznar, se echó mano de argumentaciones falaces. Para malvender el patrimonio público y facilitar la metamorfosis de ejecutivos en empresarios y de bancarios en banqueros, se dijo que la Unión Europea no permite la propiedad estatal en las eléctricas, como Endesa, cuando en realidad la principal empresa francesa de ese sector es en más de un 80% propiedad del Estado vecino y EdP, tan cercana en la geografía, tiene un tercio de su propiedad en manos estatales, las de China, Portugal, Catar, Abu Dabi y Argelia. Con el mismo razonamiento mendaz, después de sanear Aceralia con inversiones elevadísimas, fue vendida la empresa siderúrgica, ya rentable, a precio irrisorio, a una compañía participada por el Estado luxemburgués, Arbed.

Las privatizaciones fueron una gran estafa legalizada. Y lo fue asimismo la liquidación indiscriminada de las cajas de ahorros, incluidas las solventes, como la asturiana, operación perpetrada sin que en la región se oyera una sola voz en contra. Nada sorprendente, por otra parte, porque ahora mismo, ante la grave crisis de una gran empresa asturiana, Duro Felguera, el Gobierno regional y el Ayuntamiento de Gijón se han puesto de perfil, postura que describe con elocuencia la talla política de quienes los gobiernan.