Alzheimer y demencia: el ministro Caldera y la consejera de
Malestar Social de Asturias

Por Braulio Alvarez

El ministro Caldera debe de ser un tío muy majo, pero con su ley de promoción de autonomía personal y atención a las personas con dependencia con quien hay que lidiar en la práctica es con los gobiernos autonómicos y, aquí, en Asturias, con la Consejería de Malestar Social, que ahora la lleva una del PSOE y que antes la llevó una de IU, dos caras de la misma moneda burocrática de la cicatería y el enchufismo.

Hablas con el ministerio de Caldera, y todo son facilidades, hasta un teléfono que, además de ser gratuito, te atienden rápida y eficazmente. Luego, empiezas a dar los primeros pasos y ya te encuentras con las trabas del clásico “vuelva usted mañana” adaptado a los nuevos tiempos.

Pero limitémonos al primer y elemental paso: rellenar la instancia con la documentación correspondiente. Primer impedimento: el modelo estándar que hasta se podía bajar de internet, según información del ministerio, resulta que en Asturias no servía.

Antes de seguir, una cuestión previa: ¿por qué los organismos públicos se empeñan tozudamente en pedirnos documentación que ya tienen?

Al ir a rellenar la instancia, en grandes letras, se nos avisa de la “documentación requerida para solicitar valoración de grandes dependientes”, que es la siguiente:
- Fotocopia del DNI del solicitante (¿por qué?).
- Certificado de empadronamiento mínimo de cinco años (que lo verifiquen ellos).
- Informe de su médico de cabecera según modelo de dependencias (¿esto qué es?, que lo pidan ellos).
- Si posee certificado de minusvalía fotocopia del mismo (¿si ya tiene una valoración de minusvalía, para qué lo quieren valorar otra vez?, que pidan ellos la copia).
- Número de la seguridad social (seguro que es la fotocopia de la tarjeta sanitaria, ídem).
-Cuantía del valor de sus bienes, en caso de ser una vivienda, valor catastral de la misma (sic).
¡Hemos llegado a la pasta!

¡La pasta! Y la certeza de que para la administración todo ciudadano es un sospechoso. Una de las páginas del modelo oficial de instancia está dedicada a indagar de modo minucioso sobre la capacidad económica del solicitante. Bastaría con los datos de Hacienda o que Hacienda les dijera que dicho solicitante no llega a los mínimos establecidos para hacer la declaración.

Con ser grave, y sintomático, todo lo anterior, no es lo peor. Lo peor es que ni el ejército de entorpecedoras sociales ni el estado mayor de la Consejería de Malestar Social de Asturias te pueden decir cuáles son los baremos económicos aplicables a los supuestos, y sufridos, beneficiarios de la citada ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Oscuridad y confusión siempre acompañan a la arbitrariedad propia de cualquier régimen clientelar.