Lo primero, a la cárcel todos los juristas de Bush (I).

Por Robert Parry.
Consortiumnews.com

Si el nuevo Fiscal General Eric Holder realmente quiere hacer lo que dijo en su juramento - que va a "apoyar y defender la Constitución de los Estados Unidos" - entonces debe considerar seriamente la posibilidad de enjuiciar los crímenes cometidos por la administración Bush, incluida la tortura de los detenidos.

Y podría ser aconsejable para Holder que iniciase el proceso en su propia agencia, el Departamento de Justicia. Parafraseando a Shakespeare, Holder podría comenzar por encarcelar a todos los juristas de George W. Bush.

La lógica objetiva del anterior equipo de juristas del Departamento de Justicia – tipos como John Yoo y Jay Bybee - es que fueron el eje de la justificación de actos que son claramente ilegales; fueron ellos los que proporcionaron la cobertura de papel tanto a los interrogadores en el terreno como a los oficiales superiores en Washington.

Bush y el vicepresidente Dick Cheney han citado en repetidas ocasiones esta orientación jurídica cuando se insistía en que los duros interrogatorios a los detenidos de la "guerra contra el terror" - así como a otros prisioneros de las guerras de Iraq y Afganistán – y que no se traspasó la línea de la tortura.

En esencia, la defensa de Bush y Cheney es que juristas independientes pertenecientes a la oficina del Asesor Jurídico del Departamento de Justicia y en otras partes dieron opiniones sinceras - y que todos, desde el Presidente y el Vicepresidente para abajo, aprobaron las técnicas específicas de interrogatorio, y hasta los interrogadores, que llevaron a cabo esos actos, todos actuaron de buena fe.

Si, no obstante, esa argumentación fuera falsa - que los juristas en connivencia con los encargados de formular políticas proveyeran excusas jurídicas para actos delictivos – entonces la defensa del gobierno de Bush-Cheney se derrumba. En lugar de diligentes juristas que proporcionaban asesoramiento profesional, la imagen sería la de "consiglieris" aconsejando a los jefes del crimen organizado como esquivar la ley.

La evidencia apoya la interpretación de conspiración. Por ejemplo, en 2006, en su libro La guerra por otros medios, Yoo describe su frecuente participación en reuniones en la Casa Blanca con respecto a qué "otros medios" debían recibir la aprobación oficial.

Yoo, que era un ayudante del fiscal general asignado a la poderosa Oficina del Asesor Jurídico, escribió:

"Al mismo tiempo que la Casa Blanca celebraba su cortejo de fiestas y recepciones de Navidad en diciembre de 2001, los juristas superiores de la oficina del Fiscal General, la Casa Blanca, la oficina del Asesor, los departamentos de Estado y de Defensa y el NSC (Consejo de Seguridad Nacional) se reunían unas plantas más arriba para examinar el trabajo sobre nuestras opiniones.

“Nos sentamos en una gran mesa redonda en una sala decorada al estilo Imperio, en el antiguo edificio de la Oficina Ejecutiva, donde alguna vez los secretarios de Estado desarrollaron sus funciones. ... Este grupo de juristas se reunirían en varias ocasiones durante los próximos meses para desarrollar la política de la guerra contra el terrorismo. Desde luego, no todos estábamos de acuerdo, ni todos se llevaban siempre bien, pero todos creíamos que lo que estábamos haciendo era lo mejor para la nación y sus ciudadanos.

"Las reuniones estaban generalmente presididas por Alberto Gonzales," que fue consejero de la Casa Blanca y más tarde se convirtió en el segundo Fiscal General de Bush.

Yoo identificó a otros actores clave como Timothy Flanigan, asistente de Gonzales, William Howard Taft IV, del departamento de Estado, John Bellinger, de la NSC; William "Jim" Haynes, del Pentágono, y David Addington, consejero de Cheney.

La factura de Yoo

En su libro, Yoo describe un toma y daca entre los participantes en la reunión con el desafiante Taft, del departamento de Estado. La Oficina del Asesor Jurídico de Yoo opinaba que Bush podría soslayar los Convenios de Ginebra en relación con la invasión de Afganistán (considerándolo como un "estado fallido"). Taft señaló que los talibanes habían sido reconocidos como el gobierno del país.

"Pensamos que el memorando de Taft representaba el típico pensamiento conservador de los ministerios de asuntos exteriores, los cuales consideran una prioridad la estabilización de las relaciones con otros estados - incluso si esto significa la creación o el mantenimiento de ficciones - en vez de adaptarse a las nuevas circunstancias", escribió Yoo.

En cuanto a las objeciones de generales togados del Pentágono - que temían que renunciar a los Convenios de Ginebra, pudieran poner en peligro a los soldados americanos - Yoo de nuevo insistió en los aspectos políticos, no en la lógica jurídica.

"Era más que evidente que respetar los Convenios de Ginebra en la guerra contra Al-Qaeda sería lo inteligente", escribió Yoo. "Los que elaboran la política tienen que preguntarse si (su cumplimiento) produciría algún beneficio o actuaría como un obstáculo."

Lo que el libro de Yoo y otras evidencias dejan claro es que los juristas de la Oficina del Asesor Jurídico del Departamento de Justicia no eran precisamente unos estudiantes de derecho lanzando opiniones desde una torre de marfil, sino que fueron los participantes en cómo hacer que las acciones deseadas por Bush fueran "legales".

Eran los equivalentes jurídicos de los analistas de los servicios de inteligencia de EE.UU., que - en palabras de los británicos del "Memorándum de Downing Street" - "fijaron" los hechos en torno al deseo de Bush de justificar la invasión de Irak.

Yoo y otros juristas de la Oficina del Asesor Jurídico intentaban ser los “consiglieris” de Bush, tanto en lo referido a los brutales interrogatorios como a la guerra de agresión. Emitieron nuevas teorías jurídicas en busca de escapatorias o – en palabras de Yoo - "adaptándose a las nuevas circunstancias."

Investigación del Congreso

La importancia de esta cuestión – si los juristas de la Oficina del Asesor Jurídico eran honestos brokers o conspiradores criminales – no ha sido tenida en cuenta por algunos de los líderes del Congreso para presionar por una investigación seria del uso por la administración Bush de la tortura y otros crímenes de guerra.