| asturiasemanal.es |
| laboral | ecología | cultura | opinión | política | etcétera |
| inicio | con
tacto |
Lo primero, a la cárcel todos los juristas de Bush (II).
Hace un año, el senador por Illinois Dick Durbin y el senador por Rhode Island Sheldon Whitehouse escribieron una carta a los servicios de vigilancia del Departamento de Justicia solicitando una investigación sobre el papel que “los funcionarios del Departamento de Justicia (jugaron) en la autorización y/o supervisión del uso del “ahogamiento” por la Agencia Central de Inteligencia ... y si los que lo autorizaban violaban la ley". El 12 de febrero de 2008, por carta, los senadores preguntaron si los juristas de la Oficina del Asesor Jurídico estaban "aislados de la presión externa a la hora de llegar a una conclusión", y si la Casa Blanca de Bush y la CIA desempeñaban algún papel para influirles en "las deliberaciones sobre la legalidad del ahogamiento", una técnica que crea la sensación de ahogo y se ha considerado tortura desde la Inquisición. Whitehouse, un ex fiscal federal, dijo que esas preguntas fueron diseñadas para llegar al punto de que tener juristas de casa imaginando una argumento jurídico no convierte una acción en legal, especialmente si los juristas fueron inducidos de algún modo a dar el dictamen. En el caso del “ahogamiento” y otras tácticas abusivas de interrogatorio, Yoo y su jefe de la Oficina del Asesor Jurídico, Jay Bybee, generaron un memorándum, fechado el uno de agosto de 2002, que aportó una nueva y estrecha definición de tortura, esencialmente, manipulando el lenguaje de una ley, sin relación alguna con este asunto, sobre beneficios para la salud. La opinión jurídica de Yoo-Bybee propuso que, "a menos que la cantidad de dolor ocasionada a un detenido produjera lesiones de las que podrían resultar la muerte, el daño irreversible de órganos o el grave menoscabo de las funciones del cuerpo", entonces la técnica de interrogatorio no podía ser definida como tortura. Toda vez que el “ahogamiento” no pretende causar la muerte o fallo orgánico - sólo el pánico reflejo asociado con el ahogamiento - se considera que eso no es tortura. El "memorándum de la tortura" y las opiniones jurídicas mencionadas se consideraron tan chapuceras y poco profesionales que el sustituto de Bybee al frente de la Oficina del Asesor Jurídico, Jack Goldsmith, él mismo un republicano conservador, tomó la extraordinaria medida de retirarla después de haber sido nombrado en octubre de 2003. Whitehouse dijo que el memorándum de Bybee-Yoo fue "más allá de la negligencia" y "alcanzó la fantasmagoría de que esas cosas se pasaban por alto” solamente para seguir adelante en la política. Pendientes de la prueba En respuesta a la carta de Durbin y Whitehouse, H. Marshall Jarrett, jefe de la Oficina de Responsabilidad Profesional del Departamento de Justicia, reveló que la OPR estaba examinando la génesis del memorándum del uno de agosto de 2002, que es una opinión jurídica, y que la investigación podría estar completada en un mes o dos. Las averiguaciones de la OPR podrían dar al fiscal general Holder un resquicio para interrogar a Bybee, Yoo y otros juristas en el debate sobre la tortura y si fueron presionados para llegar a un dictamen jurídico que pudiera justificar las tácticas abusivas que Bush y Cheney querían utilizar ya contra los detenidos. ¿Fueron Bush y Cheney, en efecto, de “tiendas jurídicas” en busca de las respuestas que querían? Al concentrarse en los juristas en primer lugar, Holder podría probablemente construir un caso más fuerte que contra la CIA y otros interrogadores que ejecutaron las órdenes de arriba para maltratar y torturar a los detenidos. Mientras que los interrogadores podrían razonablemente ser capaces de reclamar la incertidumbre acerca de la legalidad (porque tenían órdenes de la Fiscalía General o de la Casa Blanca), Yoo, Bybee y otros juristas que manipularon los argumentos jurídicos no podrían hacer ninguna reclamación Bybee es ahora un juez del tribunal federal de apelaciones en San Francisco. Yoo es un profesor de derecho en la Universidad de Berkeley, en California. Yoo también ha mostrado
no tener ningún remordimiento por su papel en colocar a los Estados
Unidos en el camino a la tortura. Yoo incluso lanzó en las páginas
de opinión del Wall Street Journal, el 29 de enero, para castigar
al Presidente Barack Obama por ordenar el cierre gradual de la prisión
de Guantánamo y poner fin a la autorización de la CIA para
interrogar a los detenidos con dureza. "La eliminación del sistema de Bush significará que no tendremos más información de los terroristas de Al Qaeda capturados", escribió Yoo. "En sus decisiones, tomadas de manera tan precipitada, sólo dos días después de la “Inauguración”, el Sr. Obama puede haber abierto la puerta a nuevos actos de terrorismo en territorio estadounidense al destrozar algunas de las defensas más sensibles de la nación." Mientras que la retórica de Yoo es típica de lo que salió de la administración Bush durante ocho años, oculta el hecho fundamental de que este enfoque deja a una persona – el presidente de los EE.UU. - el poder de determinar quién es un "combatiente enemigo" y someter a seres humanos a prácticas bárbaras. Ello supone que el Presidente y sus agencias de inteligencia son infalibles al hacer esos juicios, incluso respecto a una persona detenida lejos de cualquier campo de batalla y sin aparente capacidad de hacer la guerra, incluso los ciudadanos de EE.UU. o residentes legales sacados de sus hogares o de la calle por agentes del gobierno. Para muchos estadounidenses, la cuestión durante la presidencia de Bush fue la de si sus teorías imperiales y sus defensores representaban una amenaza mayor para la Constitución de la República Americana que lo hecho por una banda de terroristas dispersas por medio mundo. La columna de Yoo en el Wall Street Journal es también una prueba más de su intención criminal. Expone claramente que todo se trata de lograr un resultado (es decir, extraer información de presuntos terroristas por cualquier medio que el Presidente ordene), en lugar de hacerlo sobre la protección de la santidad de la ley. Son los fines, no los medios, la que le importa a John Yoo. Si Holder se toma muy en serio su juramento de proteger la Constitución de los Estados Unidos contra todos los enemigos extranjeros y nacionales, tiene pocas opciones, excepto examinar cómo agentes políticos e ideológicos, como Yoo, retorcieron la ley para ajustarse a las proclividades criminales del Presidente. Si el estado de derecho significa algo, no se puede simplemente hacer que un argumento jurídico - no importa cuán sin fundamento y absurdo sea - permita al más alto ejecutivo de la nación destrozar cualquier ley y cometer cualquier delito. Posiblemente, después de algún tiempo tras las rejas o al menos antes de un gran jurado, los juristas, que pusieron sus ambiciones e intereses políticos en primer lugar, podrían tener algunas dudas sinceras y podrían estar dispuestos a señalar con el dedo a aquellos de sus superiores que les llevaron a escribir esas desacreditadas opiniones jurídicas.
|