El terremoto expone el abismo social en Chile.

Por Rafael Azul.

El malestar crece en Chile por la indiferencia y falta de eficiencia que han caracterizado la respuesta del gobierno al terremoto del 27 de febrero.

El viernes pasado The Wall Street Journal citó a la socióloga chilena Lucía Dammert, quien dijo que Chile está experimentando “un terremoto social” que ha revelado “un país fracturado, dividido socialmente, con una población que se siente excluida..."

Concepción, la segunda ciudad del país con más de medio millón de habitantes, sigue siendo ocupada por más de 14.000 soldados. El 2 de marzo, el estado de sitio previamente impuesto en Concepción y otras ciudades, se extendió a otros dos pueblos costeros, Curicó y Talca. El 6 de marzo, un toque de queda de 18 horas en Concepción se redujo a 13 horas.

Mientras los medios de comunicación chilenos hablan mucho de la “recuperación” de artículos robados en Concepción y otras ciudades por las tropas y la policía, la rapidez con que el gobierno envió tropas para ocupar Concepción contrasta con las reiteradas demoras en el envío de ayuda material. Ante un descontento generalizado, el uso masivo de tropas, junto con una histérica campaña de los medios decomunicación contra "saqueadores", tenía por objeto suprimir los disturbios sociales y polarizar la opinión pública en contra de las propias víctimas del terremoto.

Las diferencias sociales expuestas por el terremoto se habían profundizado en las últimas décadas. El abismo que separa a la elite de Chile de la mayoría de la población fue agravado por la política de “libre mercado” introducida por la dictadura de Pinochet y continuada por los regímenes posteriores.

A pesar de las referencias en los medios de EE.UU. de códigos de construcción rigurosos, los reglamentos destinados a proteger contra los terremotos fueron aplicados de manera selectiva y sobre una base de clase, es decir, para los hogares y negocios de los ricos, no para las viviendas y los barrios de la clase obrera y los pobres. Las casas mal construidas de estos últimos se derrumbaron o fueron arrastradas hacia el mar, mientras que las de los ricos resistieron el impacto del terremoto.

El cifra final de muertos será superior al millar. Hasta el momento no hay estimaciones precisas sobre el número de desaparecidos y heridos. Además de los 500.000 hogares que fueron destruidos directamente, otro millón posiblemente tendrá que ser demolido. Varios millones de personas han sido afectadas.

La lenta respuesta a la crisis humanitaria de la administración saliente de la presidenta Michelle Bachelet, sin duda, resultará en muertes innecesarias y problemas de salud, especialmente en las ciudades costeras, que es donde viven algunos de las familias más pobres y, por esa razón, estaban particularmente mal preparados para el desastre.

Las autoridades sanitarias del Gobierno han descartado una epidemia de disentería en las ciudades costeras. Sin embargo, la diarrea va en aumento debido a la falta de agua potable, y existe un riesgo creciente de infección como resultado de las lesiones causadas a las personas caminando por las zonas inundadas y excavando entre los escombros de los edificios derrumbados.

"Vamos a tener necesidad de agua, sistemas eléctricos, un sistema de alcantarillado operativo.... Necesitamos servicios higiénicos, y cuando empieza a llover, las personas que viven en tiendas de campaña se van a mojar y enfermar. Todo esto va a causar infecciones ", dijo Gastón Saavedra, el alcalde de Talcahuano donde el puerto fue gravemente dañado por el terremoto y el tsunami.

En las farmacias se han agotado los medicamentos para el tratamiento de enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión y las enfermedades psicológicas. “No he tomado mi medicamento durante dos o tres días. Debo tomarlo todos los días”, dijo Miguel Hidalgo, un conductor de camión retirado que sufre de hipertensión crónica, a quien le habían dicho que quedaba un paquete del medicamento que necesita para mantener sus riñones funcionando.

Treinta y seis hospitales fueron destruidos por el sismo. Los hospitales de campaña se han creado, pero aún no están atendiendo a pacientes.

Una encuesta realizada el domingo por el diario El Mercurio de Santiago reveló la creciente ira entre la población. Sesenta por ciento de los chilenos fueron críticos de la respuesta del gobierno. Sesenta y seis por ciento culparon a las empresas de construcción por emplear material de mala calidad.

A pesar de una intensa campaña en los medios de comunicación para demonizar a los llamados “saqueadores”, el 26 por ciento de los encuestados pensaban que estaban justificados, dadas las circunstancias. Durante toda la semana, los medios de comunicación capitalistas, dentro y fuera de Chile, exageraron las noticias de los saqueos y el vandalismo, condenando en la mayoría de los casos las familias de clase obrera por los actos de desesperación y hambre.

Sin embargo, durante más de 30 años no han dicho nada del saqueo de la riqueza nacional por las empresas mineras transnacionales. Según un reciente informe en El Ciudadano, lo que se llevaron del país por la explotación del cobre sobrepasa los 70 mil millones de dólares, más del doble de lo que se necesitaría para restaurar Chile a su condición anterior al terremoto.

Tal “saqueo” de los recursos naturales tuvo su origen en la privatización bajo Pinochet de la mayoría de las minas nacionalizadas, y esa política fue continuada por los sucesivos gobiernos de los demócrata-cristianos y social-democráticos, en virtud a la coalición de Concertación, incluyendo a la presidenta Bachelet.

Sólo una pequeña minoría de la población se benefició de las privatizaciones y otras políticas neo liberales, mientras que la mayoría vio decaer su nivel de vida.

Desde el comienzo de su mandato en 2006, Bachelet se enfrentó a un aumento de las tensiones de clase, a partir de las protestas estudiantiles masivas y huelgas de maestros exigiendo transporte gratuito y la defensa del derecho a la educación. Estos fueron seguidos por las huelgas de los profesionales de la salud y los mineros del cobre.

El descontento de estas y otras capas de la población resultaron en la derrota electoral en diciembre pasado de los partidos de la Concertación y la victoria del candidato de la derecha, Sebastián Piñera, uno de los hombres más ricos de América Latina. Piñera asumirá el cargo el jueves, habiéndose ya comprometido a extender las políticas de libre mercado de la privatización y desregulación.

Piñera fue el candidato de la Alianza de Chile, una coalición de dos partidos de derecha — Renovación Nacional de Piñera (Renovación Nacional) y la Unión Demócrata Independiente (Unión Democrática Nacional), el heredero político de la dictadura de Pinochet.