Garzón y la Memoria Histórica

Por Samuel Zapico.

En Diciembre de 2006, dos representantes de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Mallorca presentaron un escrito de denuncia ante la Audiencia Nacional por crímenes de lesa humanidad por la desaparición de 86 personas en la isla. La denuncia cayó en el Juzgado Central de Instrucción nº 5, del que es titular Baltasar Garzón.

Un año y pico después, el fiscal, siguiendo instrucciones del Fiscal General, dictaminó que no procedía admitir a trámite la citada denuncia y otras que la siguieron, por lo que deberían se archivadas. Siete u ocho meses más tarde, el juez Garzón no se pronunció sobre la competencia o el archivo de las denuncias, pero ordenó a primeros de septiembre una serie de diligencias pidiendo información a la Iglesia, a algunos ayuntamientos y a otras instituciones sobre desaparecidos durante la guerra civil. Todo lo cual resulta un tanto chocante.

El juez Baltasar Garzón es de sobra conocido por sus procedimientos tan espectaculares como mediáticos, pero no siempre eficaces. Y ahí está la “operación Nécora” o la equis no despejada de los Gal para confirmarlo. La Audiencia Nacional es un tribunal de excepción que, en el actual régimen y con las consiguientes diferencias y necesarias adaptaciones, desempeña un papel similar al del Tribunal de Orden Público del franquismo.

Numerosas asociaciones memorialísticas se han apresurado, confiando seguramente en la buena fe del juez y del sistema judicial, a enviar listados con las identidades de las víctimas de la represión franquista. La asturiana Todos los Nombres va a remitir al juzgado nº 5 de la Audiencia Nacional una relación de 17.500 víctimas.

Para el Equipo Nizkor, que desde hace cuatro años viene trabajando sobre la impunidad de los crímenes del franquismo, lo fundamental es que se respete el procedimiento jurídico que establecen las normas nacionales e internacionales para los crímenes contra la Humanidad. También han puesto de manifiesto la contradicción existente entre las declaraciones públicas de apoyo al procedimiento en curso por parte del presidente Rodríguez Zapatero y del ministro Rubalcaba, y la actuación de la Fiscalía General del Estado.

Gregorio Dionis, presidente de Nizkor, considera que “el actual estado de cosas no es más que la consecuencia de la falta de responsabilidad ética, moral y legal de los grupos políticos parlamentarios que apoyaron la denominada Ley de la Memoria Histórica, la cual no da solución legislativa a los principales aspectos de la cuestión de las víctimas del franquismo.”

En España se ha tardado treinta años y, además, no se quiere seguir el camino legal que transitaron los demás países europeos que estuvieron sometidos a las dictaduras fascistas. Esa es la realidad que se trata de maquillar con gestos y propaganda para la galería. ¿Forma parte el juez Garzón de esa cosmética? No tardará mucho en saberse.