Informe de Amnistía Internacional: España. Sal en la herida.
La impunidad efectiva de agentes de policía
en casos de tortura y otros malos tratos.

Introducción.

Junto con otras ONG nacionales e internacionales y diversos órganos de derechos humanos de la ONU y el Consejo de Europa, Amnistía Internacional lleva años expresando honda preocupación por casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes infligidos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en España y por la impunidad efectiva de los responsables en muchos de ellos.

En el presente informe, se ponen de relieve algunos casos investigados por Amnistía Internacional, en los que las víctimas afirman haber recibido golpes, patadas, puñetazos e insultos de agentes de policía, incluso estando esposadas y tanto en la calle como bajo custodia policial. En sus denuncias, estas personas aseguran también que los agentes las amenazaron con una pistola o un cuchillo, las azotaron en las plantas de los pies y las amenazaron de muerte. En uno de los casos, los policías dijeron al detenido que si no cooperaba violarían a su novia. En otro, la
víctima estuvo varias semanas sin oír por un oído a causa de los golpes que los agentes le habían propinado en la cabeza.

Amnistía Internacional considera que los continuos casos de presuntos malos tratos a manos de agentes de policía tienen su origen en el hecho de que las autoridades españolas no hayan cumplido en múltiples ocasiones sus obligaciones jurídicas internacionales, en virtud de las cuales deben tomar diversas medidas legislativas, judiciales y administrativas para impedir los malos tratos. Las normas internacionales obligan también a las autoridades a garantizar la realización sin demora de una investigación independiente, imparcial y exhaustiva siempre que haya razones para pensar que se han infligido malos tratos. Asimismo, las autoridades tienen que asegurarse de que las personas responsables de tales violaciones de derechos humanos sean puestas a disposición judicial para ser sometidas a un juicio justo y de que se proporcione a las víctimas un recurso efectivo, que incluya reparación.

Como ha señalado el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT), «la credibilidad de la prohibición de la tortura y de otras formas de malos tratos se ve socavada cada vez que no se exige a los funcionarios responsables de dichos delitos que den cuenta de sus acciones».

Los casos que Amnistía Internacional ha investigado, incluidos los documentados en este informe, revelan deficiencias estructurales que afectan a todos los aspectos de la prevención, investigación y castigo de los malos tratos. Asimismo, en el informe del CPT sobre su visita a España de 2005 se señala que, teniendo en cuenta los criterios establecidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al determinar la «eficacia» de una investigación sobre malos tratos, en ninguno de los casos examinados por su delegación durante la visita de 2005 podía calificarse la investigación de «eficaz», de lo que se desprendía que «las salvaguardias aplicadas actualmente para las personas privadas de su libertad por agencias encargadas de hacer cumplir la ley no las protegen debidamente de los malos tratos». En sus respectivos informes, el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa y el relator especial de la ONU sobre la cuestión de la tortura han aludido a muchas de las cuestiones que se ponen de relieve en el presente documento.

En entrevistas mantenidas con Amnistía Internacional en 2007, representantes de las instituciones del Defensor del Pueblo, las autoridades judiciales y la policía reconocieron en general que se habían dado casos de malos tratos a manos de agentes encargados de hacer cumplir la ley. No obstante, muchos de ellos afirmaron que se trataba de hechos aislados y que la gran mayoría de las denuncias de malos tratos presentadas contra agentes encargados de hacer cumplir la ley eran falsas (aunque no especificaban si se habían investigado exhaustivamente). El gobierno español mostró la misma actitud en su respuesta al informe del CPT sobre su visita a España de 2001, en la que
afirmó que «los supuestos de torturas o malos tratos a detenidos por parte de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, son prácticamente
inexistentes».

En 2002, comentando declaraciones similares hechas por funcionarios, el
Comité de la ONU contra la Tortura expresó su preocupación por «la dicotomía entre la afirmación del Estado Parte de que en España no tiene lugar la tortura o malos tratos salvo en casos muy aislados [...] y la información recibida de fuentes no gubernamentales que revela la persistencia de casos de tortura y malos tratos por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado». El hecho de que no se investigue cada caso obstaculiza también la determinación de las deficiencias estructurales que facilitan los malos tratos e impide, por tanto, que se lleven a cabo mejoras institucionales.

Aunque Amnistía Internacional no cree que los malos tratos a manos de
funcionarios españoles encargados de hacer cumplir la ley sean algo habitual, basándose en sus investigaciones, la organización no está de acuerdo con la afirmación de que constituyen hechos aislados, de cuya comisión sólo cabe responsabilizar a unos cuantos agentes de policía deshonestos. Amnistía Internacional reconoce las dificultades que encuentran los agentes de policía para cumplir con su deber cuando se enfrentan a personas que pueden ser peligrosas y violentas, así como los riesgos personales que corren. Asimismo, la organización reconoce que a veces se pueden formular acusaciones falsas contra los agentes, pero considera que la persistente ausencia de investigaciones adecuadas de cada denuncia de malos tratos ni contribuye a conseguir que los responsables rindan cuentas de sus actos ni sirve para garantizar que se limpia debidamente el buen nombre de los agentes acusados en falso.

La falta de investigaciones no protege ni a las presuntas víctimas de los malos tratos ni a los agentes que puedan ser víctimas de las falsas denuncias. Amnistía Internacional reconoce que la reputación de la gran mayoría de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que cumplen su deber con profesionalidad, se ve empañada injustamente por los actos de los que son responsables de malos tratos. Una vez más, el hecho de que no se garantice la rendición de cuentas de quienes infligen malos tratos, la cual incluye mostrar a la ciudadanía que se ha hecho así, contribuye aún más a menoscabar la credibilidad del conjunto de los organismos encargados de hacer cumplir la ley de España. Las investigaciones de Amnistía Internacional indican que los casos documentados en el presente informe no son incidentes aislados.
De hecho, se han escogido como ejemplos de las reiteradas deficiencias del sistema.

Ciertos casos de gran resonancia han sido objeto de una enérgica condena por parte de representantes del gobierno, y Amnistía Internacional acoge con satisfacción las medidas adoptadas por la policía autonómica del País Vasco, la Ertzaintza, que, entre otras cosas, ha introducido mecanismos de control de calidad durante la detención (consistentes en detallados procedimientos que se vigilan atentamente) y grabación con cámaras de vídeo de amplias zonas de las comisarías de policía. La organización considera también muy positiva la propuesta del gobierno autonómico catalán de crear un comité de ética policial que le informe de los casos de malos tratos y de colocar cámaras de vídeo en todas las zonas de las comisarías de policía bajo su control. Todas estas medidas constituyen un claro avance, pero Amnistía Internacional lamenta que no se ajusten todavía a las recomendaciones formuladas por los organismos de derechos humanos para combatir los malos tratos y la impunidad de manera más efectiva.

Cuando surge un caso de presuntos malos tratos a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, el proceso suele ser siempre el mismo: investigación interna inexistente o inadecuada de lo sucedido y rápido archivo de toda denuncia judicial por falta de pruebas, incluso si hay datos médicos y otros indicios creíbles que la respaldan. Cuando se lleva el caso a juicio, a menudo concluye con una sentencia absolutoria, por haber sido imposible identificar a los agentes responsables, o con una condena nominal. No es raro que el procedimiento dure años, tras sobreseer retiradamente el juez de instrucción el caso. Las víctimas entrevistadas por Amnistía Internacional denuncian a menudo que los jueces de instrucción y los fiscales se basan en gran medida en declaraciones de la policía y no les dan el mismo crédito a ellas ni a los testigos.

Amnistía Internacional considera también motivo de preocupación la existencia de casos en que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley han presentado denuncias dirigidas aparentemente a desacreditar el testimonio de las víctimas con el fin de ocultar las pruebas que puedan presentar contra ellos o de intimidarlas para que retiren su denuncia.

Otros factores que, a juzgar por las investigaciones en que está basado el presente informe, contribuyen a mantener en España la impunidad de los malos tratos a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley son:

– Formación inicial inadecuada y formación continua insuficiente sobre el
uso adecuado de la fuerza y las normas de derechos humanos aplicables.
– Falta de protocolos y orientación clara a la policía sobre el uso de la
fuerza.
– Falta de sistemas audiovisuales de grabación en todas las zonas de las
comisarías de policía donde pueda haber personas detenidas, como celdas, zonas comunes, salas de interrogatorio, etc.
– Falta de garantías de examen médico de los detenidos sin que se halle
presente la policía (a menos que el personal médico lo solicite en casos particulares).
-Informes médicos y forenses inexactos o incompletos.
-Obstáculos a la presentación de una denuncia sobre conducta policial en
comisarías de policía y juzgados.
-Excesivas demoras en los procedimientos penales, y atención a las
denuncias de la policía mucho antes que a las presentadas contra ella, incluso cuando se refieren al mismo incidente.
-Problemas para identificar a los agentes responsables porque no llevaban chapas de identificación o se cubrían la cabeza con pasamontañas.
-Inacción de los agentes de policía, que no impiden o no denuncian los
malos tratos infligidos por compañeros, y «corporativismo» mal entendido que lleva a encubrir la conducta ilegal de otros agentes.
-Mecanismos internos de presentación de denuncias contra la policía que
no garantizan la realización sin demora de investigaciones exhaustivas e
imparciales de lo denunciado.
-Ausencia de medidas del gobierno para establecer un mecanismo efectivo e independiente que se ocupe de investigar las denuncias de violación grave de derechos humanos por agentes de policía.
-Concesión de indultos a agentes de policía declarados culpables de
malos tratos.
-Falta de medidas como inhabilitación o imposición de otras sanciones
disciplinarias adecuadas y, en algunos casos, incluso promoción de agentes declarados culpables de malos tratos.

Amnistía Internacional ve con gran preocupación la falta de disposición del gobierno español para afrontar el problema de los malos tratos a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los fallos del sistema disciplinario interno y de investigación judicial, pues teme que exacerben el clima de impunidad causante de nuevos casos de malos tratos. La falta de medidas de las autoridades españolas a este respecto constituye un incumplimiento de las obligaciones que han contraído en virtud del derecho internacional.

Hasta que el gobierno no adopte medidas efectivas para investigar las denuncias de malos tratos y poner a todos los responsables a disposición judicial, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley estarán por encima de ella.

Documento completo en:
http://www.es.amnesty.org/paises/espana/tp/documentos/0/
http://www.es.amnesty.org/uploads/tx_useraitypdb/Sal_en_la_herida.pdf