asturiasemanal.es |
laboral | ecología | cultura | opinión | política | etcétera |
inicio | con
tacto |
Lo primero (1): hacer públicas las declaraciones a Hacienda.
Si el gobierno de Rodríguez Zapatero quiere recuperar su credibilidad, tan erosionada desde su negación de la crisis, hace un año, para acá, debe de adoptar una serie de medidas que devuelvan algo de decencia a la vida económica y política del país. Medidas radicales, por tanto. En los años de la transición, cuando los españoles se empezaron a enterar de lo que era el fisco y los impuestos, que hasta entonces había sido tema solamente de las películas americanas, se acuñó el famoso slogan de “Hacienda somos todos”. Y para darle un halo de veracidad, los medios publicaban por estas fechas lo que habían ganado/cobrado en el ejercicio fiscal del año anterior, políticos, empresarios y otros grandes de España: “el presidente Suárez ha declarado a Hacienda unos ingresos de…”; “Santiago Carrillo afirma en su declaración de Hacienda haber ganado…” Por las películas americanas supimos que al mafioso Al Capone le pudieron detener y condenar, no por asesinatos y sangrientos ajustes de cuentas, sino por fraude fiscal. No sé si sería por eso, por el miedo a que les detuvieran, pero esa transparencia duró muy poco, un año o dos, y enseguida se volvió a la omertá. Alguna estadística estableció que los empresarios españoles declaraban a Hacienda, como media, menos que los trabajadores. La sensación, la certeza que se tiene es que nuestros capitostes y políticos son los adanes y evas de los paraísos fiscales. No se conforman con palear dinero para sí, sino que lo acompañan de las clásicas maniobras de evasión y ocultación. Así que si el
presidente Rodríguez Zapatero quiere que creamos sus intenciones
de que país deje de ser la cueva de Alí Babá, tendrá
que empezar por perseguir a los 40 (grandes) ladrones. Un simple
decreto obligando a hacer públicas las declaraciones de Hacienda
de los multimillonarios del país, de los consejeros de los bancos
y cajas, de los directores y ejecutivos de las empresas; y de ministros,
presidentes autonómicos, alcaldes y concejales, sería un
buen comienzo.
|