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La draga "HAM 316" realizando sus trabajos en la zona submareal de la playa de San Lorenzo de Gijón, en una posición aparente al Este-Sureste de la boya más oriental de Las Amosucas. Fotos tomadas el 9 de Junio a las once de la mañana. |
Denuncian
extracciones masivas de arena del fondo marino
El proyecto de ampliación del puerto de El Musel fue iniciativa de su Autoridad Portuaria, presidida por Fernando Menéndez Rexach y dirigida por José Luis Díaz Rato. El proyecto de “superpuerto” fue adjudicado a la UTE Cabo Torres, integrada por Dragados, FCC, Sato, Drace y Alvargonzález en 2005 por 580 millones de euros, el mayor contrato de obra de hecho en España. El gran valedor de esta obra es el presidente autonómico asturiano Vicente Alvarez Areces. Para llevar a cabo ahora la extracción de 25 millones de metros cúbicos de arena, aproximadamente, han contratado dos potentes dragas: la “HAM 316”, de 9.000 toneladas de carga y bandera holandesa, y la “Sea Way”, de 13.000 toneladas. Ambas dragas realizarán sus labores a lo largo de todo el verano. Las denuncias presentadas por Ecologistas en Acción de Asturias y la Coordinadora Ecologista ante la propia Autoridad Portuaria se refieren al incumplimiento de las medidas propuestas en la declaración de impacto ambiental aprobada por la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático a finales de 2006. En concreto, se establece que en los dragados realizados en las propias aguas del puerto, que contienen sustancias altamente contaminantes, como el mercurio, su vertido en las zonas a rellenar solamente se podría realizar una vez finalizados los diques perimetrales que delimitan las explanadas, realizándose el vertido en su interior mediante tuberías. La realidad es que no están finalizados los diques y el vertido se hizo por bombeo aéreo. |
La denuncia por delito ecológico presentada ante el juzgado de guardia se produjo después de observar que la draga “HAM 316” realizaba sus trabajos “en una posición aparente al Este-Sureste de la boya más oriental de las que balizan el bajo llamada de Las Amosucas, en la bahía de Gijón”. Según el texto de la denuncia, “estas masivas extracciones industriales de áridos del fondo del mar producen la destrucción física del área afectada y de las comunidades bentónicas que conforman dicho ecosistema marino.” También se dice en el escrito de denuncia presentado en el juzgado que al realizarse las citadas extracciones “en la zona submareal de la playa de San Lorenzo de Gijón, provocarán el corrimiento de la arena desde la zona intermareal o de playa propiamente dicha hacia esa zona submareal”. Las consecuencias previsibles serán un aumento de la contaminación marina, la destrucción de recursos pesqueros, el deterioro de la calidad de las aguas de baño, la alteración de las corrientes y la disminución de la superficie de arena de la playa de San Lorenzo de Gijón. Tanto la comunidad científica especializada como las organizaciones ecologistas hace tiempo que rechazan este tipo de extracciones de yacimientos submarinos por estar comprobado que destruyen hábitats que son fundamentales para la conservación del litoral. Esto llevó a que el entonces Director General de Costas, José Trigueros, hiciera pública en 2001 la renuncia a la explotación de dichos yacimientos submarinos, incluso para la regeneración de playas. La obra del superpuerto
de El Musel, obra típica del neodesarrollismo ligado a
los intereses de las grandes empresas constructoras, se encuentra, además,
en el punto de mira de las autoridades europeas, tanto por el proceso
de adjudicación de la obra como por el escándalo de haberse
reconocido un sobrecoste de unos 250 millones de euros.
La Oficina Antifraude de la Comisión Europea ha abierto
un procedimiento sobre las posibles irregularidades cometidas.
La empresa Dragados, perteneciente al grupo ACS, que lidera la obra, destituyó
en 2005 a la ingeniera Ana Dizy Menéndez, gerente de la UTE. Su
sustituto, el también ingeniero Juan Miguel Pérez Rodríguez,
dejará en breve dicho cargo al ser trasladado a otra obra de la
empresa en California. En el aspecto laboral, hay que recordar a los más
de cuarenta ferralistas
despedidos por reclamar sus derechos laborales.
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