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Denunciada ante la Fiscalía General del Estado
la posible nulidad de los estudios ambientales que
amparan las extracciones de arena de la playa de Gijón.

Por Carmelo de Samalea.


Las dragas Kronborg, Seaway y Ham 316 extrayendo arena diariamente delante de la playa de San Lorenzo de Gijón para llevarsela para los rellenos del puerto de El Musel.

 

El historiador y veterano ecologista Marcelo Laruelo ha pedido a la Fiscalía General del Estado que investigue la posible nulidad del estudio y declaración de impacto ambiental que justifican la autorización de la extracción de 25 millones de metros cúbicos de los fondos marinos de la bahía gijonesa para los rellenos de las explanadas y muelles de El Musel.

El fiscal Antonio Colmenarejo Frutos es el encargado de investigar los delitos y las denuncias relativas a medio ambiente y urbanismo que llegan a la Fiscalía General del Estado.

Laruelo basa su acusación de nulidad de los estudios ambientales en la tramitación como simples “dragados” de lo que, en su opinión, “se trata de una explotación minera idéntica a una cantera convencional, pero en la que los áridos se obtienen del fondo marino.” Y recurre al diccionario de la Real Academia Española que define dragar como la acción de “ahondar y limpiar con draga los puertos, los ríos, etc.” Laruelo considera que no es este el caso de la obra promovida por la Autoridad Portuaria de Gijón, “sino que de lo que se trata es de obtener del fondo marino por conveniencia de la empresa encargada de la obra (UTE Cabo Torres), lo que de otra manera habría que sacar de canteras, escombreras o minas situadas en tierra firme.”

En la denuncia presentada ante la Fiscalía General también se afirma que la ley de Puertos y Marina Mercante no incluye los fondos marinos entre los bienes portuarios y que la ley de Costas prohíbe la extracción de áridos de los fondos marinos con destino a la construcción.

Por otra parte, y a pesar de que se trate de la ampliación de El Musel, donde cualquier cosa ya parece posible, no deja de sorprender que siendo obligación contractual de la UTE Cabo de Torres la obtención de los materiales de relleno necesarios para la obra y no figurando en el proyecto original estas extracciones submarinas de áridos, sea la Autoridad Portuaria la que promueva dicha actuación, cuyo importe asciende a 65 millones de euros. Hasta ahora, nadie ha aclarado si esos 65 millones de euros los hay que añadir al sobrecoste que arrastra la obra portuaria o no.

Otro aspecto llamativo es la utilización en los citados estudios ambientales, a la hora de evaluar su impacto sobre la pesca de la zona afectada, de un informe realizado por el catedrático de la Universidad de Oviedo Jesús Ortea Rato en 2002 durante la elaboración del proyecto de ampliación del puerto de El Musel. El catedrático de Zoología Ortea Rato no podía saber entonces que siete años después se fuesen a realizar estas extracciones masivas de arenas, puesto que no figuraban en el proyecto de ampliación citado. Así que mucho menos pudo evaluar entonces sus efectos sobre la riqueza pesquera y la vida marina de la bahía gijonesa.

Finalmente, Laruelo también denuncia a la Fiscalía General la negativa de la Autoridad Portuaria a permitirle el acceso a los expedientes de los estudios ambientales en los que está interesado, lo cual conculca el libre acceso a la información ambiental.