Los
jueces y las víctimas.
Por Vicenç Navarro.
vnavarro.org.
Este artículo
cuestiona la expresión utilizada por el juez Varela en su auto
contra el juez Garzón en la que indica que la judicatura ha mostrado
una labor encomiable en la protección de las víctimas
del fascismo. Este artículo muestra la enorme tolerancia (cuando
no complicidad, como en el caso del Tribunal de Orden Público)
que tal judicatura tuvo y continúa teniendo (ahora como Audiencia
Nacional) hacia las enormes violaciones de los derechos humanos que
aquella dictadura realizó, habiendo mostrado una enorme insensibilidad
hacia las víctimas de tales violaciones.
Las instituciones que llevaron a cabo la enorme represión durante
la dictadura, que el golpe militar de 1936 impuso a las distintas naciones
y pueblos de España, fueron el Ejército, la Falange (el
partido fascista), la Policía Nacional, la Iglesia y muchos sectores
de la judicatura y, muy en especial, el Tribunal del Orden Público
(TOP). Mientras que se ha criticado mucho el papel represivo que el
Ejército, la Iglesia, la Falange y la Policía Nacional
tuvieron durante la dictadura, poco se han examinado estos aspectos
del sistema judicial, lo cual es sorprendente, puesto que estos sectores
–y muy en particular el TOP– eran los que sostenían
la dimensión represiva de aquel régimen dictatorial.
El sistema judicial de la dictadura se basó, en gran parte, en
la eliminación y expulsión de los jueces que habían
permanecido fieles a la República, siendo condición para
su permanencia mostrar apoyo al régimen, de la gestión
de cuyas leyes se encargaban los jueces. Tal como señalaba
la Escuela Judicial (donde se formaban los jueces), estos “eran
la milicia del Derecho siempre dispuesta e identificada con los firmes
ideales del Estado Nacional, que el Caudillo está construyendo”.
La represión durante aquel régimen tuvo dos periodos.
El primero, inmediatamente después de la victoria del golpe militar,
fue protagonizado primordialmente por el Ejército y por la Falange,
hecho bien documentado en la historiografía crítica que
se ha publicado durante la democracia. En la segunda etapa, una vez
ya consolidada la dictadura, el sistema judicial, junto con la Policía,
fue el responsable de mantener el orden dictatorial. Fue durante
1962, año en el que el régimen fascista declaró
dos veces el Estado de excepción para reprimir las movilizaciones
obreras que se iban extendiendo por España, cuando se
pensó en establecer el TOP, continuador de los Tribunales de
Responsabilidades Políticas, de la Masonería y del Comunismo.
Se estableció así, en 1963, el Tribunal de Orden Público,
cuyas actividades y recursos aumentaron a medida que la resistencia
contra la dictadura se fue incrementando.
Un instrumento al servicio del TOP era la policía política,
conocida como la Brigada Político Social (BPS), que
era temida y odiada por las fuerzas opositoras al régimen por
su función represora y por la brutalidad de sus métodos.
La etapa más activa del TOP tuvo lugar en el periodo 1974-1976,
en que se tramitaron 13.010 procedimientos, incrementándose su
número a medida que aumentaba la oposición a aquel régimen
–ver El TOP. La represión de la libertad (1963-1977), de
Juan José del Águila–.
Estos procedimientos iban frecuentemente precedidos por detenciones
de la BPS, en las que la tortura era sistemáticamente
aplicada en las sedes policiales, realidad que era ampliamente conocida
por el Tribunal de Orden Público. Tal tribunal era plenamente
consciente de las torturas, y demostraba, con su silencio y aquiescencia,
su complicidad con tales prácticas. No hubo investigaciones ni
denuncias de tales prácticas por parte de ningún juez
durante la dictadura.
El TOP se transformó en la Audiencia Nacional el 5 de
enero de 1977, coincidiendo con la publicación de la Ley de Reforma
Política. La Audiencia Nacional, continuadora del TOP, pasaba
a ser el tribunal para la defensa del Estado, una función que
en la mayoría de sistemas democráticos carece de homologación.
La Audiencia Nacional nunca criticó la labor nefasta del TOP,
y nunca se ha distinguido por asistir a las víctimas de la represión
de aquel régimen dictatorial. De ahí que el ex
fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo cuestionara,
con razón, el auto del juez Varela en el que se hacía
la asombrosa declaración de que la labor de los jueces a favor
de las víctimas de la dictadura había sido encomiable.
Todo lo contrario: la mayoría de la judicatura mostró
siempre una enorme pasividad ante los conocidos atropellos realizados
por la Policía Nacional y por la Brigada Político Social.
Tales jueces nunca investigaron o denunciaron las detenciones,
torturas y asesinatos de la Brigada Político Social; nunca honraron
u homenajearon a los jueces que fueron asesinados o expulsados por su
lealtad a la República; nunca juzgaron a los jueces del TOP;
y la gran mayoría no ha hecho nada para ayudar a las familias
de los asesinados desaparecidos a encontrar sus cuerpos y darles la
sepultura y el homenaje debidos.
En realidad, un objetivo del enjuiciamiento de Garzón es parar
las investigaciones sobre el paradero de los desaparecidos, y la muestra
de esto está en que la gran mayoría de jueces asignados
para encontrar a los desaparecidos ha dejado de hacerlo. Y ello a pesar
de la demanda explícita, en las leyes que el Estado español
ha firmado en tratados internacionales, que instruyen al Estado a buscar
los desaparecidos y a encontrar a los responsables de sus asesinatos.
Y ahora, tal “labor encomiable” de los jueces incluye el
proceso al único juez, el juez Garzón, que ha intentado
ayudar a las víctimas a enjuiciar los asesinatos ocurridos durante
la dictadura, a propuesta del partido fascista, la Falange, heredero
de los responsables de aquella enorme represión. Y que tienen
ahora la osadía (por llamarlo de una manera amable) de pedir
respeto para las instituciones que representan y piden que no se les
critique.
En realidad, tal como muestra el rechazo unánime de la prensa
internacional a su comportamiento, son ellos los que están desacreditando
todavía más la institución a la que sirven. Tales
jueces debieran saber que en Alemania, que sufrió un régimen
parecido, la Falange estaría prohibida y los jueces del TOP habrían
terminado en la cárcel. Y que algunos de los jueces del Tribunal
Supremo, que han declarado su simpatía y comprensión hacia
el golpe militar, promoviendo los trabajos del mayor apologista de aquel
golpe, serían expulsados del cuerpo judicial.