Ni una palabra sobre el nuevo Tratado de Lisboa

Hay que empezar diciendo que el nuevo Tratado Modificativo Europeo que fue aprobado por los jefes de estado y de gobierno de la UE el 19 de Octubre en Lisboa es la nueva versión, convenientemente lubricada, del Tratado Constitucional Europeo que tuvo que ser aparcado tras ser rechazado en referéndum por franceses y holandeses.

Recuérdese que en la primavera de 2005, toda la burocracia bruselense estaba acongojada. Tras el triunfo del no francés y holandés, las previsiones hablaban de nuevos desastres electorales. No se permitió a los portugueses, irlandeses, daneses y checos que celebrasen sus refrendos respectivos, y hasta el propio Blair, que lo había prometido, enseguida se olvidó de él.

Ante la situación de bloqueo que provocó ese rechazo ciudadano, los burócratas de Bruselas se pusieron a pensar y enseguida encontraron una salida: cambiarle el nombre y aprobarlo como siempre, es decir, sin consultar al pueblo. ¡Qué otra cosa se podía esperar de ellos!

Hace unos meses, el Financial Times publicaba un sondeo realizado por Louis Harris, según el cual el 76% de los alemanes, el 75% de los británicos y el 65% de los españoles deseaban que el nuevo tratado fuera sometido a referéndum. Pero les da igual. En la propia Francia, la nueva mayoría sarkozysta, con el apoyo de algunos diputados socialistas, previa modificación de la constitución, consiguió hacerlo pasar en la asamblea nacional.

El Parlamento europeo, a pesar de que según el tratado de Niza, que está en vigor, carece de poderes para la revisión de los tratados, efectuó una votación meramente indicativa y en ella votaron a favor del nuevo Tratado Modificativo 525 eurodiputados; 115 lo hicieron en contra y hubo 29 abstenciones. El Parlamento europeo también pidió a los estados miembros que llevasen a cabo los procedimientos de ratificación del tratado con la necesaria diligencia para que pueda entrar en vigor el uno de Enero de 2009 como está previsto. Además de Francia, Hungría, Rumanía, Eslovenia y Malta ya lo han ratificado.

En las 250 páginas del nuevo Tratado de Lisboa, se vuelven a reproducir íntegramente los anteriores títulos referidos a las instituciones y a las políticas europeas, pero la parte dedicada a la carta de los derechos fundamentales, que era de lo poco positivo que tenía el Tratado Constitucional, no figura ya en él, sino como un texto aparte.

Como se puede suponer, el Tratado de Lisboa excluye toda armonización de las legislaciones sociales de los distintos países miembros así como que se establezca un salario mínimo común en toda la UE que evite la competencia a la baja de los salarios. Tampoco se incluye la armonización hacia arriba de los sistemas de protección social ni de la duración de la jornada de trabajo: ¡Ya se encargará el mercado de armonizarlo!, dicen los eurócratas.

Tampoco se cambia la regla de unanimidad necesaria frente a la armonización fiscal de los países de la UE, así que continuará el aumento de los impuestos indirectos y sobre los salarios, y las reducciones a los impuestos sobre los beneficios de las empresas.

A pesar de las promesas de armonización social que durante más de veinte años vienen haciendo los dirigentes socialdemócratas de los países del norte de Europa, después de habernos hecho tragar la libre circulación de capitales (Acta Unica, 1986), la moneda única (Maastrich, 1992), el pacto de austeridad presupuestaria (Amsterdam, 1997), quién les va a creer ahora cuando dicen que quieren defender los servicios públicos.

El Tratado de Lisboa no solamente no garantiza los servicios públicos, sino que los ignora, pues solamente se habla de servicio de interés general. En la práctica, lo que hay es la obligación de eliminar toda ley nacional contraria a la libre concurrencia. Es evidente que los servicios públicos son su primer objetivo. (Directiva Mac Greevy aprobada en nov de 2006 que toma más del 70% de la Bolkestein). Y si todavía no se han noitado sus efectos es porque los estados tienen un plazo de tres años para integrarla en su legislación nacional.

El Tratado de Lisboa tampoco hará que la UE sea más democrática. Lo esencial de los poderes permanecerá en organismos no elegidos y fuera del control ciudadano: Consejo de jefes de Estado y gobierno, consejo de ministros, la Comisión, el Banco Central Europeo y el Tribunal de Justicia. Faltan los irlandeses, que esos sí que tendrán su referéndum. En caso de rechazo, seguro que en los subterráneos de Bruselas ya hay elaborado un Plan C.