El puerto de Gijón tiene capacidad para sostener su propia rula sin necesidad de evaporarse en una fusión que sería de hecho una absorción por la lonja avilesina
Un no rotundo

Por José Antonio Rodríguez Canal.
(12-3-2018)

 

La prudencia como norma de actuación no tiene por qué llevar aparejada la pasividad, o la inhibición, ante la situación creada. Es el caso del conflicto de Lonja-Gijón, que acaba de salir a la luz, aunque viene de lejos, según lo publicado ayer en estas páginas. La cuestión también está ahora en terreno judicial y sería una temeridad adelantarse al desenlace que pueda tener por esa vía, pero se han adoptado ya medidas administrativas, el despido del gerente de la empresa, que han permitido conocer posturas que justifican ponerse en guardia, en disposición de pasar a la acción defensiva ante lo por venir o por presunciones sobre el trasfondo de lo que sucede. Porque si hay intención de aprovechar el problema surgido para unificar la rula de Gijón con la de Avilés, temor que han expresado con nitidez los armadores, ya es el momento, sin dilación alguna, de decir no, un no rotundo, pase lo que pase al final en los juzgados.

El puerto de Gijón tiene capacidad para sostener su propia rula sin necesidad de evaporarse en una fusión que sería de hecho una absorción por la lonja avilesina. La rula de Gijón ha sido víctima durante muchos años de administradores de dudosa lealtad y de incompetencia profesional, pero ese lastre histórico no debe condenarla a la desaparición ni a la subordinación a la de Avilés. Hay recuerdos poco gratos de esta clase de experimentos, como la unificación administrativa de los dos puertos en una sola autoridad portuaria, aquella etapa de la cantinela de “un puerto con dos bocas”, mistificación interesada de la realidad, que repetían con torpe delectación sus creadores terrícolas de aquende y allende Pajares.

Un posicionamiento firme, inequívoco, a favor de la permanencia de la rula de El Musel -gran puerto de refugio también para la flota pesquera, no se olvide- y en contra de su desaparición o absorción por la de Avilés, no debe ser entendida, sin embargo, como la concesión de una patente de corso para el funcionamiento de la empresa. Las exigencias de una escrupulosa administración deben acentuarse en casos como este, en que el dinero público juega un papel relevante, básico. La pesca marítima, como industria extractiva, recibe del Estado y de las comunidades autónomas prestaciones y ayudas, en forma de costosas instalaciones y facilidades para su desenvolvimiento, que no disfrutan otros ramos de la actividad económica, tan respetables como el pesquero.

Esa discriminación positiva es una razón poderosa para extremar el celo en la observancia de las regulaciones legales que lo atañen y para aplicar desde la Administración un grado de tolerancia cero ante los incumplimientos.

Sin negar las dificultades que supone la resolución de cualquier embrollo económico-legal como el planteado en la rula gijonesa, no parece que haya inconvenientes insalvables para que sea válido mantener una actitud que compatibilice las actuaciones ya emprendidas por la Autoridad Portuaria de Gijón y la espera de la decisión judicial definitiva, pero siempre con la condición de la continuidad de la rula de Gijón como objetivo innegociable. A este asunto, como respecto a todos los de cierto calado que afectan al municipio, no debe sentirse ajeno el Ayuntamiento de Gijón, que posee una incuestionable y potente voz como concejo y, además, voto en la Autoridad Portuaria, cuyo consejo de administración vicepreside la alcaldesa. Quedamos expectantes.