Las
pensiones son viables.
Por Viçenc Navarro.
El viejo topo.
Los graves
errores metodológicos de los economistas (y los medios de información
y persuasión) liberales en sus diagnósticos del colapso
de las pensiones.
Recientemente hemos visto una avalancha liberal que tiene como
objetivo alarmar a la población haciéndole creer que las
pensiones no son viables. La Comisión Europea, el Banco de España,
el BBVA y el Partido Popular Europeo (del cual el PP español
forma parte) han publicado informes y documentos que alertan a la población
española de que hay que reducir las pensiones porque el sistema
de Seguridad Social que las financia no es sostenible. En defensa
de sus posturas presentan datos e información empírica
que asumen que apoyan sus alarmas sobre las cuales basan sus recomendaciones.
Todos estos documentos tienen errores graves que invalidan sus
conclusiones, transformando tales documentos en manifiestos políticos
en lugar de informes científicos. Veamos tales errores.
1. Asumir que la
esperanza de vida mide los años que una persona vive.
Tales documentos asumen erróneamente que el hecho de que la esperanza
de vida promedio de España haya pasado de ser 76 años
a 80 años en veinticinco años (1980-2005) quiere decir
que el promedio español vive ahora cuatro años
más. Ello no es cierto. Hay que saber qué quiere
decir esperanza de vida y cómo se calcula.
Supongamos que España tuviera sólo dos habitantes. Uno,
Pepito, que muere al día siguiente de nacer, y el otro, la Sra.
María que tiene 80 años. La esperanza de vida promedio
de España sería 0 años más 80 años,
dividido entre dos, es decir, cuarenta años. Pero supongamos
que en un país imaginario vecino, hay también dos ciudadanos,
uno, Juan, que en lugar de morir al día siguiente de nacer, como
Pepito en España, vive veinte años, y la otra persona
es la Sra. Victoria que tiene también 80 años como la
Sra. María. En este país imaginario, la esperanza promedio
de vida es de 20 más 80, dividido entre dos, es decir 50 años,
diez años más que en España. Ello no quiere decir
(como constantemente se malinterpreta este dato) que el ciudadano promedio
de aquel país viva diez años más que en España:
lo que el dato dice es que hay diez años de vida más en
el promedio de aquel colectivo de dos personas sin clarificar que ello
se deba a que la Sra. Victoria viva diez años más que
la Sra. María (lo cual no es cierto), o que sea Juan el que vive
veinte años más que Pepito. Todos los documentos
que favorecen la reducción de las pensiones concluyen que la
Sra. María vive diez años más, lo cual, repito,
no es así.
Lo que ha estado
ocurriendo en España (y en Europa) es que la mortalidad infantil
ha ido disminuyendo de una manera muy marcada, con lo cual
la esperanza de vida ha ido aumentando, pasando de 76 años a
80 años. Ello no quiere decir, como habitualmente se asume, que
el ciudadano español medio viva cuatro años más
ahora que hace veinticinco años. La mortalidad por cada grupo
etario ha ido descendiendo (incluyendo entre los ancianos), pero los
años de vida que el ciudadano medio vive ahora no es de cuatro
años más que en 1980. Calcular las pensiones en base a
esta lectura errónea de los datos penaliza a la población
pues asume que la gente vive más años de lo que en realidad
vive.
2. Los promedios
no son sensibles a las diferencias por clases sociales.
Otro gran error es malinterpretar el significado de promedio.
Una persona se puede ahogar en un río que tiene como promedio
sólo diez centímetros de profundidad. Tal río
puede ir seco a lo largo de muchos kilómetros pero en algunas
zonas éste puede tener tres metros de profundidad, y es ahí
donde el lector se puede ahogar. Un promedio en sí no nos dice
mucho si no sabemos también las variaciones del promedio. Lo
dicho tiene especial importancia en el cálculo de la esperanza
de vida y en la estimación de la longevidad (los años
que una persona vive). Las diferencias en longevidad por clase
social son enormes. Así, la diferencia en los años de
vida existente entre una persona perteneciente a la decila de renta
más baja del país (los más pobres) y la decila
superior (los más ricos) en España es nada menos que de
diez años (ha leído bien, diez años). En EE.UU.
son quince y en el promedio de los países de la UE-15 son siete.
Estas diferencias en longevidad se deben a que el nivel de salud de
la población depende, sobre todo, de la clase social a la cual
se pertenece. Un trabajador no cualificado (en paro frecuente
durante más de cinco años) tiene, a los sesenta años,
el nivel de salud que un banquero tiene a los setenta años. Este
último sobrevivirá al primero diez años. Es profundamente
injusto pedirle al primero que continúe trabajando dos (y algunos
piden cinco) años más para pagar las pensiones del segundo
que le sobrevivirá diez años. La insensibilidad
hacia esta realidad mostrada por estos informes es abrumadora. Retrasar
la edad de jubilación a toda la población trabajadora
sin más, es una medida que perjudica a las clases populares para
beneficiar a las clases de mayores rentas que viven más años.
3. El error del argumento
alarmista: el crecimiento del porcentaje del PIB gastado en pensiones
es excesivo.
Este es uno de los errores metodológicos más importantes
y frecuentes que aparece en el informe de la Comisión Europea,
y que ha sido reproducido en gran número de artículos
y editoriales. Tal argumento indica que el porcentaje del PIB
en pensiones subirá de un 8,4% en el año 2007 a un 15,1%
del PIB en el año 2060, un porcentaje que estos informes señalan
como excesivo, pues la sociedad en el año 2060 no podrá
absorber tales gastos pues restarán recursos necesarios para
otras actividades, programas o servicios a la población no pensionista.
El hecho de que el porcentaje de gasto en pensiones públicas
alcanzará el 15,1% en el 2060 se considera una noticia alarmante
que requiere una intervención ya ahora, disminuyendo los beneficios
de los pensionistas.
En este argumento
se ignora el impacto del crecimiento de la productividad sobre
el PIB del año 2060. Supongamos que el crecimiento anual de la
productividad es un 1,5%, un crecimiento que incluso el Banco de España
admite como razonable. En este caso, el valor del PIB español
será 2,23 veces mayor que el PIB del año 2007. Ello quiere
decir que si consideramos el valor del PIB del año 2007 como
100, el del año 2060 será de 223. Pues bien, el número
de recursos para los no pensionistas en el año 2007 fue de 100
menos 8,4 (8,4 es la cantidad que nos gastamos aquel año en pensionistas),
es decir, 91,6. En el año 2060 los recursos a los pensionistas
serán el 15,1% de 223, es decir 33, y para los no pensionistas
será 223 menos 33, es decir, 192, una cantidad que es más
del doble de la existente en el año 2007, 91,6. Debido al crecimiento
de la productividad, en el año 2060 habrá más recursos
para los no pensionistas que hoy, y ello a pesar de que el porcentaje
del PIB dedicado a pensiones es superior en el año 2060 que en
el 2007. Los que alarman innecesariamente a la población
olvidan un hecho muy elemental. Hace cincuenta años, España
dedicaba a las pensiones sólo un 3% del PIB. Hoy es un 8%, más
del doble que cincuenta años atrás. Y la sociedad tiene
muchos más fondos para los no pensionistas de los que había
entonces, aún cuando el porcentaje del PIB en pensiones
sea mucho mayor ahora que entonces. Por cierto, ya hace cincuenta años,
cuando España se gastaba un 3% del PIB en pensiones, había
voces liberales que decían que en cincuenta años se doblaría
o triplicaría tal porcentaje, arruinando el país. Pues
bien, estamos cincuenta años más tarde, y el país
tiene más recursos para los no pensionistas que existían
entonces, aún cuando el porcentaje del PIB dedicado a pensiones
se ha doblado.
4. Se equivocan constantemente
en sus proyecciones demográficas.
Cualquier demógrafo que tenga un mínimo de rigor
sabe las enormes dificultades en calcular cambios demográficos
por periodos tan largos como cincuenta años. Y un buen
ejemplo de ello es que los bancos y las cajas publican cada diez años
informes anunciando el colapso de las pensiones en diez años.
La Caixa (en 1998), el BBVA (en 2005 y en 2007), El Banco Santander
(en 1992 y en 1999), el Banco de España (en 1995, en 1999, en
2002 y en 2009) y una larga lista, han predicho el colapso (utilizando
un término menos contundente) de las pensiones para diez o al
máximo veinte años más tarde. En defensa de sus
proyecciones utilizan los mismos argumentos y los mismos datos (la Comisión
Europea utiliza prácticamente los mismos datos que publicó
el informe de la Fundación de las Cajas en 2007). Y una
de las proyecciones más utilizadas es la de la evolución
de la pirámide demográfica, indicando que el porcentaje
de ancianos está creciendo muy rápidamente, y el de los
jóvenes está bajando muy sustancialmente, ignorando que,
en aquellos países que financian las pensiones a base de cotizaciones
sociales como es el caso español, el punto clave no es el número
de jóvenes y adultos por anciano, sino el número de cotizantes
y la cantidad de cada cotización por beneficiario. Y
tanto el uno como el otro están subiendo, el primero como consecuencia
de la integración de la mujer al mercado de trabajo (si España
tuviera la tasa de participación de la mujer en el mercado de
trabajo que tiene Suecia, habría tres millones más de
cotizantes a la seguridad social), y el segundo como consecuencia del
aumento de la productividad y de los salarios. Es más, toda la
evidencia muestra que las familias españolas desearían
tener más hijos (dos por familia) que los que tienen ahora. El
desarrollo de la sociedad y de los servicios de ayuda a las familias,
como escuelas de infancia y servicios domiciliarios, permitiría
el incremento de la fecundidad, una de las más bajas del mundo.
Hoy en Europa, los países nórdicos, con un amplio desarrollo
del estado del bienestar, tienen una fecundidad mucho mayor que en el
Sur de Europa.
Dos últimas observaciones.
El hecho de que el rigor y credibilidad de tales documentos liberales
sea muy escaso no quiere decir que no tuviera que haber cambios en las
pensiones, cambios distintos al retraso de la jubilación o disminución
de sus beneficios que proponen los liberales. Contrariamente
a lo que se dice constantemente, las pensiones, incluyendo las contributivas,
son demasiado bajas, y ello como consecuencia de que los salarios son
demasiado bajos (ver el excelente capítulo sobre las
pensiones escrito por la profesora Camila Arza en el libro La Situación
Social en España. Vol. III. Biblioteca Nueva. 2009).
Otro cambio que debiera
ocurrir es la flexibilización de la edad de jubilación
permitiendo que aquellas personas (la mayoría profesionales)
que desearan jubilarse más tarde pudieran hacerlo. La jubilación
debiera ser un derecho, no una obligación.
Debiera también
prohibirse, como se ha hecho en varios países, la prejubilación
utilizada por el mundo empresarial para realizar cambios en sus plantillas,
penalizando el sistema de seguridad social y al prejubilado, pues éste
recibe una pensión menor. Tal prejubilación le supone
a España un recorte de ingresos equivalente a un 6% del PIB
Una última
observación es que el Estado debiera aumentar su aportación
a las pensiones tal como lo hacen otros países (como Dinamarca),
en que las aportaciones procedentes de los impuestos generales son mucho
más intensas que en España. No hay nada sagrado
en la Biblia económica que diga que las pensiones tienen que
pagarse a base de cotizaciones sociales. La popularidad de las pensiones
(entre todos los grupos etarios) es tal que puede justificarse tal medida
que contaría con gran apoyo popular. España ya lo hizo
con la sanidad (que estuvo financiada por la Seguridad Social) y puede
expandirlo a otras áreas.