El Rinconín: un banco de pruebas para la subasta de Llanes.

Por Ramón Alvargonzález.
La Nueva España, 1991.

La revisión de las normas subsidiarias del concejo de Llanes a través de una propuesta redactada para ahormar el futuro planeamiento a los intereses de 12 promotores inmobiliarios, que van a construir 1.300 viviendas, es, sin ambages, una subasta empobrecedora de uno de los tramos más atractivos del litoral asturiano.

Esta puja, a lo que parece restringida al círculo de una tenida masónica, y de más que dudosa legalidad si se atiende a voces tan cualificadas como la del Colegio de Arquitectos de Asturias, es la manifestación más descarnada de un nuevo urbanismo «convenido» que, aunque generalizado en España tras el entierro clandestino del urbanismo de la transición, tiene en nuestra región el campo muy abonado, y cuenta con experiencias piloto que han permitido medir los umbrales de transgresión de las normativas vigentes y la temperatura de una limitada protesta ciudadana.

En efecto, nadie se hubiera atrevido a dar en Asturias un paso semejante sin tener la certeza de que la crisis de las actividades económicas tradicionales, la debilidad y desmovilización de la sociedad civil y un control político y social omnímodo, carente de oposición, pueden permitir sacar adelante los proyectos más sórdidos y a la larga más empobrecedores para la región.

Un ejemplo de ello es lo ocurrido en Gijón, en El Rinconín, donde la sociedad asturiana puede contemplar ya un revelador botón de muestra del futuro litoral llanisco del año 2000, en forma de 150 adosados liliputienses asomados a las aguas del Cantábrico. El Rinconín, como es sabido, era la última zona natural de la concha de San Lorenzo, entre la desembocadura del Piles y la punta de Cervigón, vista de siempre como algo suyo por los gijoneses, hasta el punto que los alcaldes franquistas impusieron limitaciones permanentes a la construcción, y la primera Corporación democrática estableció, en el avance del plan general de 1982, la calificación de zona verde libre de edificación.

Pues bien, en julio de 1989 el Ayuntamiento de Gijón aprobó, por unanimidad, el primer estudio de detalle en esta zona allanándose en todo a las pretensiones del promotor, quien por cierto es también el editor de «Promociones Frassinelli», por utilizar el atinado término acuñado por don Juan Vega. Estudio de detalle que, entre otras irregularidades, permite la construcción de un garaje subterráneo que supera en diez veces el máximo permitido por el plan de ordenación, y que además está viciado de nulidad por no contar con el preceptivo informe de la Demarcación de Costas de Asturias, de acuerdo con lo señalado en el artículo 117 de la ley de Costas de 1988.

Respecto a la intervención de otras instancias administrativas en el caso, en octubre de 1989 se solicitó de la Cuota una evaluación de impacto ambiental previa al inicio de las obras, a tenor de lo establecido en la ley autonómica de Coordinación y Ordenación Territorial, sin que este organismo haya respondido, tras reiteradas peticiones, hasta noviembre de 1990; en sentido denegatorio, por supuesto, y cuando las obras objeto de evaluación están ya casi culminadas.

El resultado es que, a despecho de la legislación vigente de ámbito estatal, de las recomendaciones de la Carta Europea del Litoral e incluso de las directrices regionales de ordenación del territorio, el último reducto natural de la concha de Gijón aparece hoy cubierto, hasta el borde del mar, por unos anodinos cuarteles de casas baratas, sin que de baratas tengan nada por otra parte, que culminan el proceso de degradación del frente marítimo de la ciudad.

Don Pedro de Silva, presidente del Principado, ha asegurado que nada hay que temer en Llanes, porque las instituciones estarán a la altura de las circunstancias. Con el debido respeto, hay motivos para sospechar lo contrario porque en Gijón, donde se han movido plausiblemente menos millones de los que se moverán en Llanes, no lo han estado; y prueba de ello es que, por no haber encontrado el amparo de las autoridades de la región, las justas y desoídas demandas ciudadanas han debido buscarlo en el Defensor del Pueblo quien, como ya ha hecho público, ha encontrado fundamento en la queja relativa a El Rinconín y va a requerir a las instituciones implicadas en el caso.

Ojalá que no se cumplan los vaticinios de Chueca Goitia cuando, en referencia a la destrucción del legado urbanístico español durante la dictadura de Franco, señalaba que el juicio de la posteridad sería muy duro, «salvo que los tiempos venideros hagan buenos los pasados, persistiendo la misma insensibilidad ante los valores naturales e históricos, la misma anarquía y corrupción en la Administración pública, el mismo egoísmo desenfrenado y la misma falta de ideales».