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Las "autoridades" (esa amalgama entre políticos y altos funcionarios) decidieron que la ría de Aboño sea la única del Cantábrico con calidad inferior a la mínima. Utilizan las evaluaciones de impacto ambiental como argucias para respaldar decisiones previamente tomadas

"El mejor plan de saneamiento de Europa" y otras maturrangas. (2ª parte)

Por Marcelino Laruelo.
Este texto se terminó de redactar
el día 10 de Junio de 2018.
Por cuestiones que no vienen
al caso, se subió a la red el
día 26 del mismo mes y año.


A Rodolfo Alonso Astoreca.
Y a Toño Marcos, Luisma y Joaquín Aranda
(In memoriam)

Las depuradoras itinerantes y el reino de la confusión

La legislación medioambiental es cada vez más exigente porque lo que ayer parecía inofensivo, por ejemplo, fumar en un bar o en una oficina, se ha comprobado que “perjudica seriamente la salud”. El ‘navío espacial Tierra’ ya no soporta más agresiones ni depredaciones si queremos seguir viajando en él en condiciones aceptables. Hay que ser razonable, hay que aprovechar la tecnología y los conocimientos disponibles y hay que cumplir, como mínimo, la legislación vigente. La bahía de Gijón es una zona de pesquerías, de baño y de gran valor paisajístico. Lleva más de un siglo siendo sometida a todo tipo de tropelías; por eso, en materia de de saneamiento, debería ser considerada como zona de aguas sensibles y aumentar las exigencias de depuración. Lejos de ello, el “ayuntamiento de mar”, vulgo, Autoridad Portuaria, se ha adueñado de la mitad de la costa del concejo y de todas sus aguas litorales. La ocupación, relleno y destrucción de la playa de Aboño, un bien público, de todos, para convertirla en una explanada, sin utilización durante años, y ahora ocupada por una especie de ‘boutique del carbón’, es algo que no tiene nombre y refleja muy bien en manos de quién está la protección del común y del medio ambiente. Son los mismos que decidieron que el río Aboño sea el único del Cantábrico “con calidad inferior a la mínima y a A3, aguas abajo del embalse de San Andrés de los Tacones”. Es que no hay que incomodar a los magnates de las grandes industrias que utilizan su cauce como tubería de desagüe. Todavía peor, en abril de 1994, la Corporación gijonesa pudo saber que las aguas procedentes de la depuradora ovetense de Villapérez (2m3/seg), en vez de verterse al Nora, serían trasvasadas a la ría de Aboño a partir del año 2000.

“El mejor plan de saneamiento de Europa” a los dos años de haberse firmado ya fue modificado. En mayo de 1993, el Ayuntamiento de Gijón se quejaba de los retrasos en las obras que le correspondían al Gobierno regional y en la construcción de la estación de pretratamiento de El Musel. Peor aún, se anunciaba que la depuradora de la zona Este no se construiría y que todas esas aguas residuales se enviarían a la depuradora de Jove mediante la construcción de otro colector y los consiguientes equipos de bombeo.

En agosto de 1994, en pleno jolgorio begoñés, con presencia de todas las autoridades, se inauguró el sistema de pretratamiento de la zona Este (desbaste, desarenado y desengrasado para un caudal de 2m3/seg.) y bombeo a Peñarrubia. Costó 1.600 millones de pesetas, 330 más de lo presupuestado en 1991. La nueva galería subterránea era de mucha mayor capacidad que la de anteguerra, lo que evitaría, aseguraban, “la entrada en funcionamiento de los aliviaderos del Piles con el perjuicio para la playa de San Lorenzo” que ocasionaban. Se lanzó la idea de que con este pretratamiento y el futuro emisario ya no haría falta la depuradora. Concejales de la oposición denunciaron que estos cambios serían gravísimos y demostraban la falta de definición entre los técnicos. A los pocos días, los vecinos de los chalés próximos protestaban por los ruidos de 43 decibelios dentro de casa y los malos olores. Empezaba el lío. El museo Pueblo de Asturias se amplió en terrenos reservados para la depuradora. No parece que haga falta recurrir a ningún reglamento (RAMINP, de 1961) para darse cuenta de que una depuradora de aguas residuales de una ciudad no puede estar en la cercanía de núcleos habitados. Sea en Somió o en Jove-La Calzada.

Para obviar la falta de previsión a la hora de reservar suelo para las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) y evitar el tener que buscarlo, se pensó en los emisarios submarinos como solución. Dudaban entre un emisario o dos, hablaban de los menores costes de funcionamiento y hasta se afirmaba que era imposible “conseguir un efluente depurado, incluso con tratamiento secundario, que cumpla las normas establecidas por la CEE”. Se construyó uno en Peñarrubia y otro en Aboño después de estar vertiendo en el espaldón del dique Príncipe de Asturias. Pero la nueva normativa estableció que del mismo modo que el caudal que llega a una EDAR tiene que tener un pretratamiento,
todo caudal que desagüe por un emisario submarino debe tener, como mínimo, un tratamiento primario; y tiene que haber un programa de vigilancia y control que compruebe la estructura y el funcionamiento del emisario, y un seguimiento del impacto del vertido en el medio.


En la declaración de impacto ambiental de la EDAR de la zona Este, aprobada en junio de 2009 se dice que está calculada para el equivalente a 150.000 personas; se conserva el pretratamiento existente, se incluye un tratamiento secundario por fangos activados y parte del caudal, 2.500m3/día, llevará un tratamiento terciario con desinfección mediante radiación ultravioleta. Se barajaron cuatro emplazamientos: zona de La Cagonera, vaguada de Peñarrubia (semienterrada), zona de El Rinconín (enterrada) y junto a la Casa de Máquinas (enterrada). Los objetivos ambientales de las EDAR son evitar ruidos, reducir olores y humos, evitar moscas y mosquitos, e integrarse en el entorno urbano. Al tener que elegir una EDAR compacta como en este caso y, además, enterrada, se minimiza el espacio ocupado, pero su coste es mucho mayor. Los fangos generados se enviarían por tubería a la EDAR de la zona Oeste para ser tratados allí. Se presupuestó en 52 millones de euros. Como se sabe, pese a estar terminada, esta EDAR no ha entrado en funcionamiento porque sucesivas sentencias de los tribunales, hasta llegar al Supremo, han dado la razón a los vecinos y descalifican la declaración de impacto ambiental.

Transparencia no es saber la marca del coche del concejal

Con depuradora en la zona Este o sin ella, estaba prevista la construcción de un emisario de tormentas con capacidad para evacuar un caudal máximo de 5,9m3/seg., que es la diferencia entre los 3m3/seg. del actual de Peñarrubia y el caudal máximo que puede llegar a las instalaciones, que se estima en 8,9 m3/seg. Las aguas aliviadas por este emisario de tormentas aún no construido serán en todo caso sometidas a un pretratamiento. Esto explica en parte el actual desastre de los aliviaderos existentes en el Piles y su nefasta repercusión en la playa.

La práctica del silencio administrativo por las Administraciones Públicas es la mayor prueba de la prepotencia y el desprecio hacia los ciudadanos de que parecen estar imbuidos muchos altos funcionarios y cargos públicos. Debería estar prohibido. Utilizar las evaluaciones de impacto ambiental (EIA/DIA) como argucias y simples trámites con los que respaldar decisiones previamente tomadas en las alturas es una perversión fraudulenta.
El Ayuntamiento ‘de tierra’ de Gijón tiene la obligación de defender los intereses de la ciudad y de los ciudadanos frente a los que, sean quienes sean, los atacan. No vale el dontancredismo. Hay que vigilar con desconfianza y comprobar con escrupuloso rigor que los datos, características o prestaciones que publicitan son reales.

El Ayuntamiento tiene que tomar diariamente muestras de lo que entra en la EDAR y de lo que sale. ¡Y hacerlo público en los medios de comunicación! Hay que analizar las aguas de baño y hacer públicos sus resultados, pero no excepcionalmente, sino como una tarea cotidiana. El Ayuntamiento tiene que vigilar que las depuradoras funcionan correctamente y de acuerdo con lo establecido, y que los emisarios submarinos están en buen estado. Eso es transparencia y no saber la marca del coche del concejal. .El Ayuntamiento tiene que cumplir la ley y hacer que se cumpla. Porque aquí da la impresión de que las ‘inspecciones técnicas’ solamente son para los coches y las viviendas particulares de los paganos.

1ª parte.

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