Entre la tortura, la incompetencia, la desidia y la complicidad.

Por Carmelo de Samalea

¿Es posible que con todos los medios y posibilidades que ofrece la tecnología actual tengan que recurrir a la tortura para arrancar confesiones y pruebas que inculpen al detenido o a otros sospechosos? ¿Cómo puede ser que el guantazo, la patada en el vientre, la bañera y demás sevicias que se creían de tiempos pasados sigan formando parte del repertorio policial?

Sería, es, grave que circulen informaciones que parecen acreditar que las lesiones y torturas de uno de los dos presuntos miembros de ETA detenidos en Guipúzcoa días pasados, Igor Portu, que tuvo que ser ingresado en la UCI del hospital Donostia, se las ocasionaran, tras la detención, los propios guardias civiles que le conducían esposado a dependencias policiales.

Esa acusación es grave y lo sería más su confirmación. Pero lo verdaderamente alarmante es que del sistema, del conjunto de poderes del estado o de las autonomías, o desde dentro de los propios cuerpos policiales no salga la iniciativa, se produzca la reacción que acabe con estos hechos, no casuales, no esporádicos, y se termine con la impunidad de los autores materiales, y la tolerancia y la complicidad de muchos más. El tema de la tortura es especialmente sensible en el País Vasco, pero, ¿a cuántos supuestos torturadores ha detenido la Ertzaina desde hace veinte años para acá?

No ha sido el presidente, ni el ministro, ni algún director general, ni el jefe directo, ni el fiscal jefe; ha sido, ha tenido que ser Amnistía Internacional, la histórica organización para la que, por otra parte, nunca tenemos un euro que nos sobre, la que ha puesto el dedo en la llaga una vez más.

Esteban Beltrán, presidente de la sección española de Amnistía Internacional, decía, en declaraciones publicadas el pasado día diez de enero en el diario progubernamental Público, “que no existe una tortura sistemática, pero tampoco se puede decir que sea esporádica.” Añadió que “AI, durante años, ha documentado casos de malos tratos y torturas en varias partes del Estado y por parte de diferentes cuerpos de Seguridad del Estado, policía autonómica, Ertzaina, Nacional, Local, Guardia Civil…” Beltrán aclaró que, contra lo que pudiera pensarse, no son los acusados de pertenecer a grupos terroristas los más afectados, sino que el mayor porcentaje se da entre los inmigrantes indocumentados, seguidos de manifestantes y detenidos por delitos comunes.

Beltrán, en sus declaraciones a Público, denunció también el régimen de incomunicación y las deficiencias estructurales en la investigación de las denuncias por malos tratos, lo que lleva a la impunidad efectiva. Según el presidente de AI en España, los procesos por malos tratos duran una media de entre diez y quince años, que muchas veces se prolongan hasta los veinte.

Así pues, que algo tan aborrecible como la tortura se mantenga en la España actual solamente puede explicarse por la incompetencia, la desidia y la complicidad de todos los responsables de combatirla.