Ex-Yugoslavia: redefinición opaca de los derechos
de propiedad y de los derechos nacionales (I).

Por Catherine Samary.
Imprecor.

Desde el final de la guerra de la OTAN (marzo-junio de 1999) que estableció un protectorado de la ONU en Kosovo, la Unión Europea (UE) tiende a combinar o incluso a sustituir un enfoque regional de los "Balcanes del Oeste" por el tratamiento caso por caso de los países surgidos del estallido de la antigua federación yugoslava. Este planteamiento expresa el temor a los efectos dominó producidos por decisiones particulares, por ejemplo, el efecto de una posible independencia de Kosovo sobre Macedonia (llamada provisionalmente por la ONU “FYROM”, Former Yugoslav Republic of Macedonia, a consecuencia de las protestas de Grecia por el uso del nombre Macedonia) o sobre Bosnia-Hercegovina y la voluntad de contrarrestar esos riesgos por una integración euroatlántica. Pero ésta corre el riesgo de seguir siendo puramente “militar”.

La instauración de una "economía de mercado" se presentó como el objetivo de la "transición". Esta fórmula vaga encubría realmente la restauración capitalista por la generalización de las relaciones comerciales y monetarias con la instauración y desarrollo de un mercado del capital, el trabajo y de los bienes y servicios. Las privatizaciones se convirtieron en el "marcador" de la ruptura con los antiguos sistemas que se reclamaban del socialismo a los ojos de los "expertos" a la cabeza de las instituciones de la mundialización y de la Unión Europea. Fue sobre esta base sobre la que comprobaron la realización de los objetivos fijados. El aspecto normativo, sistemático, de este criterio aparecía tambien en los objetivos de los protectorados establecidos en Bosnia-Hercegovina o en Kosovo, así como en los asignados al Pacto de estabilidad para Europa del sureste o en los "criterios de Copenhague" de 1993 establecidos para indicar las condiciones de adhesión a la UE.

Pero mientras que esta orientación pone en entredicho las protecciones sociales vinculadas al estatuto autogestionario asociado a las antiguas formas de propiedad social, produce también una desintegración sin fin de la antigua federación. El carácter ineficaz de estos preceptos, si se toman como criterio "simple" de la capacidad para mejorar las condiciones de vida de los seres humanos y la cohesión del conjunto de una sociedad, se ha demostrado dramáticamente: en las sociedades "en transición" que no conocieron la guerra (para no hablar de los otros), el Banco Mundial había descrito el balance de los diez primeros años de "transición" como un verdadero cataclismo, sin precedentes, en la subida de la pobreza y las desigualdades. Pero raramente se cuestiona la legitimidad misma del proceso.

La herencia titista: derechos de propiedad y derechos nacionales.

En la última Constitución de 1974, los derechos de propiedad habían adquirido legalmente un contenido "societario", por reacción a tendencias aparecidas anteriormente. Se trataba de prohibir explícitamente por el Estado toda apropiación de los derechos de gestión y enajenación (venta, transmisión) de esta propiedad colectiva a escala yugoslava o republicana; la Constitución rechazaba también toda forma de propiedad de grupo que hubiera autorizado una gestión y unos derechos de venta del patrimonio social centrados solamente en los colectivos de empresa, o sea, las direcciones de empresa.

Pero la burocratización del sistema de partido único tendía a asociar cada vez más los privilegios de función al aumento de los poderes republicanos y provinciales... De ahí la transformación creciente de las Repúblicas y provincias en institución básica del sistema, en rivalidad con las otros reconocidos por la Constitución: trabajadores autogestionarios y "pueblos".

En paralelo al cuestionamiento de los derechos autogestionarios, estuvo también el sentido o el alcance que tenía este concepto de "pueblo" o "nación" en el sistema titista, que va a ser modificado con la crisis.

La transformación estatal sobre bases "nacionales" está en el centro del doble proceso que afectó a los derechos de propiedad y los de los "pueblos".

La ciudadanía (derechos y deberes civiles, vinculados al conjunto del territorio administrado por el estado común) se diferenciaba en la Constitución yugoslava del concepto de "pueblo" o "nación" (narod en sentido étnico-nacional), subjetiva e histórica. Se era ciudadano de Yugoslavia (y de las repúblicas como de los estados), perteneciendo al mismo tiempo al uno de su seis pueblos constitutivos eslavos (serbios, croatas, eslovenos, macedonios, montenegrinos y, desde los años sesenta, musulmán bosnio) o a una comunidad nacional minoritaria.

Para los dirigentes comunistas que teorizaron este sistema, estos dos enfoques (ciudadanía/naciones) y la gestión común del patrimonio puesto en propiedad social, debían permitir combinar el reconocimiento de la diversidad y la unidad de derechos civiles individuales y sociales que fundaban el compromiso común con el Estado federal yugoslavo, independientemente del etnicidad. La realidad social de clase y las mejoras generales del nivel de vida, que reducían las divergencias de desarrollo, debían permitir superar los nacionalismos como ideologías de división.

Al mismo tiempo, el reconocimiento de las naciones (o "pueblos") sobre bases históricas y subjetivas debía satisfacer las aspiraciones expresadas en las luchas pasadas, y en las resistencias a los moldes unificadores o asimilacionistas de la primera Yugoslavia y en las luchas fratricidas de la Segunda Guerra Mundial. Las naciones reconocidas se dotaban con derechos independientes de su peso numérico: esto se traducía en un funcionamiento por consenso en la cámara federal, o en una Presidencia colegial en la que cada República o provincia estaba representada igualitariamente, con rotación anual del presidente. No había tampoco territorialidad fija asociada a los pueblos: la historia de las guerras y de las fronteras, la de los cambios de Estado y de relaciones de fuerza, había legado mezclas y desplazamientos de población cuyo resultado era la dispersión de los pueblos sobre varias Repúblicas. Los pueblos (naciones) de Yugoslavia estaban reconocidos como tales incluso cuando eran minorías en una República y esto, de manera independiente a su porcentaje. Así, los serbios de Croacia (20% de la población) eran un "pueblo" constituyente de esta República. Del mismo modo, Bosnia y Hercegovina era el estado de sus tres pueblos: serbio (alrededor del 33% del total de la población bosnia), croata (alrededor de 18 %) y musulmán bosnio (un poco más de 40%), independientemente de su número respectivo y su dispersión en el territorio de la República.

El marco yugoslavo sin fronteras interiores y los derechos sociales no territorializados y basados en la propiedad social, facilitaban los desplazamientos interiores y las posibles mezclas.

Las nuevas naciones reconocidas bajo el titismo: macedonios, musulmanes bosnios, reflejaban ciertamente unos objetivos específicos del régimen (en particular, para consolidar fronteras, del lado de Bulgaria, o equilibrar los nacionalismos serbio y croata). Pero tenían también en cuenta aspiraciones y frustraciones realmente expresadas anteriormente en la primera Yugoslavia; en cualquier caso, formaban en adelante parte de la herencia histórica y subjetiva... (En los primeros censos de posguerra, los musulmanes podían declararse serbios, croatas o indeterminados, y era esto último lo que escogían; cuando les fue ofrecida la posibilidad en los años sesenta de declararse Musulmanes, con mayúscula en el sentido étnico-nacional secularizado, lo hicieron de forma masiva. La religión había sido un componente de su historia como la ortodoxa para los serbios y la católica para los croatas; pero ello no implicaba ninguna evolución ni obligación identitaria permanente).

No había pues bases normativas rígidas sobre las cuestiones de identidad: la declaración de pertenencia permitía la elección subjetiva individual en los censos y no se estaba obligado a declarar ni a “probar" la pertenencia nacional, y se podía incluso declararse "indeterminado"; se vio aparecer de forma espontánea en los últimos censos cientos de millares de ciudadanos que se declaraban "yugoslavos" a nivel "nacional", al mismo tiempo que se había rechazado el molde "yugoslavo" impuesto. El marco yugoslavo de derechos y la ausencia de fronteras volvían secundaria la territorialización... Pero el reconocimiento de la diversidad implicaba también el de la historia y las culturas (en sentido amplio, integrando el papel de las religiones en el antiguo imperio otomano) diferenciadas.

Los pueblos habían sido ya reconocidos durante la movilización antifascista y en el proceso de constitución de Yugoslavia, mientras que para varios de ellos los Estados-nación correspondientes no existían antes (Macedonia) o, como estructuras estatales o repúblicas en la anterior Yugoslavia o en los imperios anteriores.

En esta lógica, las distintas constituciones de la Yugoslavia titista habían reconocido a los pueblos como sujetos de base, dotados con el derecho de autodeterminación, toda modificación de las fronteras debía ser por consenso. Pero no se precisaba la forma en la que se podía tomar esa decisión. El estallido de la federación iba a plantear esta cuestión principal.

Los factores de inestabilidad del sistema.

Esta diversidad seguía siendo una riqueza atractiva... en tanto que no fuera obstruida por la lógica del partido único, de los privilegios de función y poder burocráticos. Y mientras no fuera amenazada por la lógica separatista nacionalista. Además, provocaba frustraciones para los que se sentían discriminados por su no reconocimiento como "pueblo", como en la cuestión albanesa.

Sobre estos distintos planos, el sistema era frágil: desigualdades de estatuto y la cuestión albanesa. No consideraba a las comunidades no eslavas, principalmente húngaros de Voivodina y albaneses en Kosovo, Macedonia y Montenegro, que tenía un estado exterior de referencia (con la excepción de los gitanos, comunidad etnica nacional sin Estado) no eran considerados como sujetos de base en la creación de Yugoslavia, ni, por lo tanto, tenían el derecho de autodeterminación. Pero la historia que había dispersado a los serbios sobre varias repúblicas interiores, también había dispersado a los húngaros y a los albaneses, de los que la mitad estaba en el territorio yugoslavo... El reconocimiento de las provincias de Serbia: Voivodina, con fuerte minoría húngara, y Kosovo, con mayoría albanesa, no era, por lo tanto, desdeñable a nivel constitucional. Y la aspiración a una igualdad de estatuto iba a conducir al régimen a modificar sus derechos.

Los albaneses de Yugoslavia, concentrados principalmente en Kosovo (80 %) y en Macedonia (25 %) eran mucho más numerosos y etnicamente especificos que los montenegrinos, reconocidos como "pueblo" distinto. Ahora bien, esta desigualdad de estatuto fue en realidad el resultado del cisma Tito-Stalin de 1948: forzó a los comunistas yugoslavos a un repliegue sobre el proyecto yugoslavo en conflicto con la vecina Albania de Enver Hoxha, que prefirió apoyar al "gran hermano" soviético, más distante que el vecino titista. Pero "la excomunión" de los titistas por Moscú puso fin al proyecto de confederación balcánica con los estados vecinos, que habría facilitado el tratamiento igualitario de la cuestión albanesa, en particular, en Kosovo, como se había prometido durante la Segunda Guerra Mundial.

La represión inicial de la población albanesa de Kosovo, la única que se rebeló contra la instauración de la nueva Yugoslavia, vino acompañada también del centralismo de Belgrado sobre la provincia para satisfacer al nacionalismo serbio.

Pero las tendencias generales hacia una mayor descentralización y confederalización con las reformas de 1965, las manifestaciones de los albaneses de Kosovo en 1968 en favor de un estatuto de República y la intervención soviética en Checoslovaquia (que Yugoslavia y Albania denunciaron, abriendo así una fase de aproximación) desviaron de forma sustancial las orientaciones hacia formas ambiguas.

A pesar de la represión de los manifestantes, la Constitución de 1974 transformó a Kosovo en una quasi-república (con consolidación de la mayoría albanesa en todas las instituciones de la provincia).

Para evitar que el estatuto se percibiese como discriminatorio de una "minoría", el titismo inventó el concepto de "nacionalidad" (narodnost), sin derecho de autodeterminación y, en consecuencia, distinto de "nación" (narod), pero susceptible de tener derechos similares por otra parte. En particular, el de una lengua localmente oficial y de una universidad en lengua albanesa que permitió un acceso masivo de los jóvenes los albaneses a la enseñanza superior. El conjunto de medidas se hizo en el marco de aproximación con la vecina Albania.

Belgrado perdió el control de los programas escolares y universitarios en el marco más general de una tendencia a la descentralización de la gestión de las universidades. Los movimientos de personas serbias que abandonaban la provincia para ir más bien hacia la rica Voivodina se acentuaron por razones y presiones socioeconómicas y culturales (Kosovo era pobre y las tierras insuficientes para una población albanesa creciente; los serbios preferían ir a un medio cultural serbio mayoritario como en Voivodina).

Por último, en la Constitución de 1974, Kosovo y la Voivodina tuvieron las mismas representaciones y derechos que las repúblicas en las instancias federales... pero seguían siendo formalmente provincias de Serbia (de ahí su descripción como "quasi-repúblicas). Esta contradicción era fuente de frustraciones y tensiones crecientes, en los dos lados.

Los albaneses no tenían siempre el mismo estatuto y podían temer verdaderamente que Belgrado pudiera poner en entredicho la ambigüedad de la "quasi-república" en un sentido regresivo; en Belgrado, el balance del titismo se percibía como negativo para los serbios ya que se había puesto en entredicho el estatuto mayoritario y dominante previo, y había aumentado la inseguridad para las minorías serbias...